“La independencia de la judicatura es una construcción de todos los Poderes”

  • Afirmó Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, en Seminario “Abuso de Poder: La Independencia de Poderes y la Función Judicial”- Ciudad de Guatemala.

El análisis del papel de los Poderes del Estado en la construcción y fortalecimiento de la independencia judicial, a partir del nombramiento de magistrados y magistradas y la permanencia en su cargo bajo criterios objetivos, es el reto que tienen muchos países y que expuso el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Fernando Cruz Castro.

 El jerarca judicial participó en el Seminario “Abuso de Poder: La Independencia de Poderes y la Función Judicial”, que tuvo lugar en Ciudad de Guatemala, el pasado 2 de agosto.

“La independencia de la judicatura es una construcción de todos los Poderes, es una convergencia en la que tiene mucho que decir el Parlamento, que es el que elige en la mayoría de los

Estados a los jueces supremos y define los recursos económicos que permiten tener una Administración de Justicia acorde con las aspiraciones constitucionales”, puntualizó Cruz Castro.

Para el máximo jerarca judicial, en esta temática, uno de los grandes retos que se enfrentan es la aplicación de un procedimiento de nombramiento de magistrados y magistradas en el que deben prevalecer criterios objetivos y de transparencia, “…a fin de que se nombren a los mejores juristas del país que cuenten con una sólida experiencia profesional, formación académica, altos valores éticos y se respete la paridad de género”.

Puntualizó que la idoneidad, madurez y probada trayectoria de independencia deben prevalecer, pues el juez en el ejercicio de sus funciones tiene como vínculos, únicamente, el ordenamiento jurídico vigente, sean estos la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Ley.

“La legitimidad en la designación de un juez en una sociedad democrática se nutre de un procedimiento transparente, conforme a reglas objetivas previamente establecidas que no sean cambiadas a conveniencia y en la que imperan los méritos profesionales, académicos y éticos del candidato”, afirmó el Presidente de la Corte.

En su ponencia, Cruz Castro destacó el modelo italiano que integra como requisito constitucional, para ser nombrado como magistrado de la Corte Constitucional, el haberse desempeñado como juez en propiedad en alguna jurisdicción superior, catedrático universitario o abogado con más de 20 años de ejercicio profesional.

“Los requisitos de edad y trayectoria reducen los riesgos de nombramientos en los que imperen criterios que no pueden reconstruirse una vez electo el candidato”, manifestó.

También hizo énfasis en las recomendaciones dadas por el Relator Especial de Independencia Judicial de las Naciones Unidas que recalca la necesidad de garantizar el proceso de selección y nombramiento de altas magistraturas, basado en criterios objetivos y transparentes que aseguren la independencia, idoneidad y la formación o calificación idónea de las personas designadas.

Además que estas decisiones se fundamenten en el mérito, aptitudes y capacidades de las y los candidatos, su integridad, independencia e imparcialidad y con el cumplimiento del principio de no discriminación en particular, en relación al género y diversidad étnica.

La valoración de que las convocatorias se realicen mediante procesos y audiencias públicas en las que participen diversos sectores sociales y con el blindaje contra intereses políticos, económicos o de otra naturaleza.

“La elección y reelección de jueces de la Corte Suprema de Justica en Costa Rica, como acto político, requiere que tal decisión fortalezca la independencia de la judicatura y el Estado Constitucional de Derecho. Esta es la reflexión que debe presidir, en la decisión sobre la elección y la reelección de un juez Magistrado o Magistrado. Un mejor gobierno judicial asegura una mejor democracia y asegura la fortaleza de la institucionalidad”, concluyó el magistrado Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro.