Página quince: ¡Basta ya!

Fernando Cruz es la gura antitética de Fernando Coto Albán, quien fue presidente de la Corte entre 1975 y 1983. Jacques Sagot. Hace 8 horas La grotesca zarzuela que están protagonizando los miembros del Poder Judicial me ha traído a la memoria la gura inmensa de Fernando Coto Albán, eminente jurista, quien presidió la Corte Suprema de Justicia entre 1975 y 1983. Era un hombre austero, sencillo, llano y trabajador. Don Fernando era capaz de jornadas laborales de 12 horas y más. Cuando uno pasaba frente a los edificios de la Corte a medianoche, veía, en la absoluta oscuridad del inmueble, una lucecita encendida en una oficina: era la de don Fernando, laborando, solitario e incansable, en su noble ocio. El daño que le están haciendo al país es mucho más que económico: es moral e histórico. Costa Rica no volverá jamás a tener del Poder Judicial el alto concepto que alguna vez tuvo.

Era sobrio: siempre manejó un Chevy Nova blanco. Él mismo lo conducía: no necesitaba chofer. No alimentaba veleidades de prima donna jurídica, de vedette mediática, de rey o emperador. Más aún: detestaba toda forma de figuración y era alérgico a la abyecta pasarela de los escandalillos públicos. Todo funcionario que se hace conducir por un chofer y se sienta atrás para inigirle a su conductor su superioridad social y jerárquica es un papanatas. Los he conocido por centenares: la Cancillería, durante la administración Solís, nos ofreció muchos ejemplos de estos importantizados personajillos de vodevil. Gentecilla obnubilada, encandilada por su súbito —y puramente simbólico— poder. Fernando Coto Albán estaba hecho de otra madera humana. Esos fueron alguna vez los grandes hidalgos que guiaron los destinos de la patria. Ya no los tenemos con nosotros.

La especie se extinguió en décadas recientes. Antítesis. En el otro extremo de la ética y del respeto a la ley, tenemos a Fernando Cruz y los caballeros de su mesa redonda amenazando con ignorar las normativas de la Contraloría y seguir aferrados con uñas y colmillos a sus privilegios salariales.

El desacato bien podría calificar como causal de despido o de renuncia, si tuviesen algo de dignidad. La primera Constitución —en el sentido moderno del término— de la que guardamos memoria fue la carta magna redactada en 1215, en Inglaterra, por un grupo de nobles ilustrados cuya pretensión fue poner freno a la desaforada dispendiosidad del rey Juan sin Tierra, quien, precisamente por no contar con un reino geográficamente determinable, suplía esta falencia autorrecetándose sumas inimaginables, que obtenía gravando pesadamente los ingresos de los nobles, los incipientes burgueses y los pobres vasallos, hijos de la tierra, cuyos exiguos ingresos eran obtenidos vendiendo su fuerza de trabajo como agricultores. Esta carta magna contemplaba ya la creación de una contraloría.

La contraloría era, y sigue siendo, un instrumento, una herramienta, un brazo, una continuación orgánica del Parlamento. Es la encargada de administrar las finanzas del Estado, el dinero público, el cumplimiento de las disposiciones presupuestales estipuladas por el gobierno. Las nociones de Constitución y contraloría se fortalecieron durante la primera mitad del siglo XVII, cuando Oliver Cromwell lideró la primera revolución burguesa de la historia, la cual fracasó por la simple razón de que no le había aún llegado su tiempo de fruición social. La Revolución francesa consolidó de manera definitiva ambas instituciones: la Constitución y la contraloría; la segunda, como decía, operando como un brazo administrativo, no jurídico, de la primera. Hoy por hoy, la contraloría recibe en Francia el nombre de Cour des Comptes, esto es, Corte de Cuentas.