Jueces y juezas penales emprenden proyecto que impactará servicio y efectividad

  • Iniciativa de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
  • Tecnología, reorganización administrativa y buenas prácticas en señalamiento de juicios marcarán la diferencia.

El establecimiento de circulantes al día y una mayor efectividad en la resolución de los procesos judiciales, son los principales retos que emprenden los jueces y juezas de la Jurisdicción Penal de todo el país, con la implementación del Proyecto para la Estandarización de las Agendas de Señalamiento en materia penal.

La iniciativa es liderada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí y es parte de su plan de gobierno, durante su gestión al frente del Poder Judicial.

 El equipo de trabajo para la implementación de las propuestas de estandarización, lo integran las juezas penales Francini Quesada Salas y Mercedes Muñoz Campos; la asesora de la Presidencia, Patricia Bonilla Rodríguez y cuentan con  el acompañamiento técnico de la Dirección de Planificación.

El Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, resaltó la disposición y el compromiso de los jueces y juezas penales de todo el país, por emprender este ambicioso proyecto para impulsar mejoras en la Jurisdicción Penal.

 “Destaco la reacción positiva y el compromiso de los jueces y juezas con todo el proyecto; sabemos del nivel de calidad y formación con que cuentan nuestros jueces y juezas de la República, que comparten nuestros objetivos de tener un despacho y un circulante al día, con maures niveles de efectividad”, reafirmó Chinchilla Sandí.

 “El interés de la Presidencia de la Cortes es homogeneizar el funcionamiento administrativo de los diferentes tribunales del país.  Cada región tiene diferentes características e insumos de trabajo, recurso humano y comportamiento de delitos y testigos.  De ahí que el replanteamiento administrativo considerará estas características, para que a partir de la implementación de buenas prácticas, se garantice la efectividad de los señalamientos de audiencias y el nivel resolutivo del despacho”,  explicó la jueza Francini Quesada Salas.
 
 La expectativa, a partir de estas buenas prácticas,  es que el circulante de los tribunales se encuentre al día y que permita el señalamiento de causas a juicio en un tiempo no mayor a los seis meses, después de ingresado el asunto, para los despachos con mayor volumen de trabajo y tres meses para el resto.

Efectividad en penal

 El trabajo inició con un estudio sobre las condiciones actuales de cada despacho penal, para conocer los procesos de señalamiento, las cargas de trabajo, el personal que labora, las características de los asuntos que atienen, así como aspectos relacionados con ambiente laboral.

 A partir de allí, mediante visitas a cada zona, se expuso el plan de reorganización administrativa, se propuso un plan de mejorar acorde con las particularidades en cada Tribunal y Juzgado y de forma voluntaria y con compromiso,  asumen la implementación de las buenas prácticas.

 La propuesta plantea la creación de un Consejo de Jueces en cada tribunal penal del país, el cual tenga la responsabilidad de estandarizar o establecer los parámetros para definir las agendas de audiencias de juicio.  Estos parámetros deberán remitirse a la Presidencia de la Corte para el visto bueno final.

 Los jueces y juezas definirán los estándares de trabajo desde este Consejo de Jueces y determinarán cómo se atenderán aquellos asuntos que por su complejidad no podrían adaptarse a esos parámetros, como lo son los delitos sexuales entre otros.

“Esto permitirá promover la efectividad, en la distribución de las cargas de trabajo y un ritmo de trabajo similar entre las diversas secciones que laboran para un tribunal. Además a partir de indicadores, se podrá medir la efectividad de estas secciones y el nivel de sentencias por juez o jueza”,  indicó Quesada Salas.

 El juez o jueza decisora podrán realizar recomendaciones expresas y justificadas sobre asuntos determinados y justificar algunos períodos requeridos para realizar un debate.

 Las buenas prácticas indican que las agendas las definirá el juez coordinador y en aquellos  juicios donde se reciban menos de cuatro testigos, se establecerá una sola audiencia para evacuar testimonios; así como la actualización del domicilio de las partes involucradas en un expediente, para asegurar su ubicación de previo a que se señale un juicio.

“Lo que procuramos es que lo que se incluya en las agendas sean partes totalmente localizadas y así evitar la cantidad de suspensiones que se dan por motivo de las rebeldías, mediante el control previo previo, para que este tipo de situaciones no se reflejen en el trabajo de agenda de los tribunales.  Esto permite un reflejo más real de la productividad”, explicó la jueza Mercedes Muñoz Campos.

A esto se suma el llevar un control de las causas puntuales de la suspensión de las audiencias, las cuales deben contar con la autorización del juez coordinador y señalar claramente las causas justificadas que dieron paso a este tipo de situaciones.
El proyecto promueve que se considere un promedio de tres testigos por audiencia, salvo en los casos que ameritan que el juicio se prolongue; que se aprovechen las dos audiencias del día, cuando se trata de dos juicios poco complejos (uno o dos testigos), señalando uno en la mañana y otro en horas de la tarde.

Igualmente, para los señalamientos, se recomienda alternar juicios más complejos con menos complejos, de manera que si alguno se complica, se cuente con tiempo para atenderlo; así como la recomendación de maximizar los recursos y el tiempo, la definir el inicio de los debates a las 8 a.m. y a la 1:30 p.m., propiciando la puntualidad.

También se incorpora la colaboración de los Tribunales de Flagrancia de todo el país, a las labores ordinarias de los Tribunales Penales, con el fin de que en aquellas zonas, donde los volúmenes de trabajo en flagrancia sean menores, puedan atender asuntos ordinarios y colaborar para reducir el circulante en materia penal.

 La cantidad de asuntos que atendería Flagrancia, estaría definida por parámetros técnicos establecidos por la Dirección de Planificación.

 Con la colaboración de la Dirección de Planificación se purificarían las variables o parámetros de medición, para establecer indicadores que permitan la medición efectiva del trabajo en los tribunales penales.  Esto implicaría manejar de forma separa los asuntos con reos rebeldes o expedientes con medidas cautelares, que son expedientes activos, que no se pueden señalar a juicio.

 Los indicadores también permitirán evaluar las cargas de trabajo y el rendimiento de los jueces y juezas, siempre para propiciar la mejora en el servicio de administración de justicia  y garantizar despachos con circulante al día.

 El proyecto resguarda el principio de independencia de las y los jueces, con respecto al criterio y valoración de la prueba, la calificación de hechos; pero los aspectos administrativos de organización del recurso humano y del despacho, promueven formas de trabajo ordenadas, estandarizadas, que permitirán a cada juez o jueza adaptarse a las labores que desempeñe el despacho”,  expresó Patricia Bonilla Rodríguez, asesora del Despacho de la Presidencia.

 
Tecnología presente

 El uso de la tecnología y los sistemas informáticos del Poder Judicial, destacan para la efectividad de las acciones emprendidas.

 De esta manera, se establece el uso de la agenda Cronos como obligatoria.  Esto comprende su mantenimiento actualizado y la incorporación de todas las diligencias que realicen los despachos penales, sean estos señalamientos a juicio, audiencias, vistas o cualquier otra.

 “Ante cualquier conflicto o choque de señalamientos tanto a lo interno en el Tribunal, como con otras instancias, como por ejemplo con el Juzgado Penal, prevalecerá el señalamiento agendado en Cronos, sin perjuicio que ante una situación de urgencia se pueda llegar a un acuerdo con la otra instancia”, destaca los lineamientos aprobados por el Consejo Superior.

 Adicionalmente, solo el juez coordinador o los técnicos judiciales designados, tienen acceso a modificar la agenda cronos, como personas responsables.

 De esta manera, se establece la obligación del juez Coordinador del Tribunal, de supervisar los señalamientos en la agenda. 

Recorrido por todo el país

 La puesta en marcha del Proyecto de Estandarización de los Señalamientos de Agenda en materia penal, inició con un intenso proceso de visitas a todas las jurisdicciones penales del país.

 Esta labor se emprendió en el mes de agosto y todo el mes de setiembre.

 Las visitas tenían como objetivo brindar una amplia explicación del proyecto, los objetivos que busca y la situación real de cada despacho penal. A partir de allí, el equipo de implementación y de Planificación iniciaría con la ejecución técnica de organización.

 Las giras comprendieron los Juzgados, Tribunales de Juicio, Tribunales de Apelación y Tribunales de Flagrancia de San Carlos, Los Chiles, San Joaquín, Alajuela, San Ramón, Grecia, Desamparados y Hatillo.

 El  mes de agosto finalizó con la atención de los despachos penales de Liberia, Santa Cruz, Cañas, Upala, Nicoya, Pococí y Siquirres.

 Durante setiembre, se abarcaron Limón, Bribrí, Garabito, Aguirre, Puntarenas, Cóbano, Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores, Coto Brus y Pérez Zeledón.


La iniciativa es liderada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí y es parte de su plan de gobierno judicial.

Visita a Jurisdicción Penal en el I Circuito Judicial de San José.

Reunión con jueces y juezas del II Circuito Judicial de San José, Sede Goicoechea.