Consejo de Administración rinde cuentas a la ciudadanía

El Consejo de Administración del II Circuito Judicial de San José presentó su rendición de cuentas del año como muestra de transparencia de las gestiones realizadas.
Dentro los objetivos logrados se registra el trabajo contra la mora judicial en los diferentes despachos judiciales logrando resultados efectivos.


Por ejemplo el Tribunal de Apelación Penal Juvenil redujo su circulante en un 39.13%, el Juzgado Contencioso Administrativo 27.14%, el Juzgado Civil de Menor Cuantía 12.95%, entre otras oficinas.
Marjorie Valenciano Arias, Presidenta del Consejo de Administración destacó que trabajan en proyectos que permitan dar una respuesta más rápida a las persona usuaria.
“Sabemos que la ciudadanía nos exige una respuesta más rápida, con mayor eficiencia y hemos replicado esfuerzos con el propósito de dar resultados” manifestó Valenciano Arias.
Se destacó también la reducción de tiempos en trámites judiciales. El Juzgado Penal de Goicoechea registra una duración de tan solo dos días para la etapa preparatoria, un mes aproximadamente para la etapa intermedia y un promedio de doce horas para tramitar y resolver medidas cautelares.
En relación al trámite de gestiones en el Juzgado de Cobro la duración es de un mes (1.9), anteriormente era de veintiún meses.
Ericka Alfaro Chinchilla, administradora del II Circuito Judicial indicó que esta actividad permite informar el presupuesto designado, proyectos realizados y logros alcanzados.
El Consejo de la Administracion tiene a cargo la distribución de la infraestructura de los edificios de Goicoechea así como monitorear el trabajo y las mejoras de los despachos.
El II Circuito Judicial de San José cubre una extensión de 321.58 kilómetros cuadrados que corresponden a los cantones de Goicoechea, Vásquez de Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curridabat. En dichas áreas se registra una población de 411.669 personas.
La rendición de cuentas se realizó en los Tribunales de Justicia de Goicoechea con la presencia de representantes de personas usuarias, Policía de Tránsito, Fuerza Pública, Municipalidades, Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Colegio de Abogadas y Abogados. Fue organizada por la Contraloría de Servicios y el Consejo de Administración.