Poder Judicial paga ¢720 mills. por edificio de Sala IV

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Dueños del inmueble rechazaron opción de compra

En poco más de 2 años el Poder Judicial ha pagado ¢1.584 millones por concepto de alquiler del edificio Impala
 

Desde marzo de 2017 el Poder Judicial ha pagado $102.271 (¢60 millones) mensuales, al año ¢720 millones, por concepto de alquiler del edificio Impala, donde actualmente se ubica la Sala Constitucional, en Calle Morenos.

Este lunes en sesión de Corte Plena la directora administrativa del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, brindó un informe sobre el tema a los magistrados.

Se indicó que, a la fecha, se ha pagado por concepto de alquiler un total $2.640.075 (¢1.584 millones) en dos años y dos meses.

Hay que recordar que en acuerdos de la Corte Plena de 2015 y 2017 se decidió que había que buscar un espacio aparte a la Sala IV, dado principalmente a los problemas de hacinamiento que tenían estos funcionarios.

Antes de pasarse al edificio Impala el 48% del personal que estaba en Corte era de Sala IV, poco más de 200 colaboradores.

 

RECHAZARON OFERTA

 

Los acuerdos de la Corte indican no alquilar, sino más bien buscar la opción de compra. 

Según explicó Romero, cuando iniciaron las negociaciones con los dueños del edificio Impala (DIARIO EXTRA supo que se trata de la familia Wedel Pacheco) estos presentaron un avalúo, mientras que el Poder Judicial, por medio del proyecto de fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR), realizó otro.

El de los propietarios determinó un valor del edificio de 4.493 metros cuadrados de: ¢7.261 millones. Mientras que el avalúo del BCR fue de ¢6.547 millones. 

La diferencia de alrededor de ¢700 millones fue la traba, ya que los dueños no quieren aceptar dicha oferta.

La magistrada Iris Rocío Rojas, de la Sala I, cuestionó que el contrato de arrendamiento sea por años 10 y agregó que, tras la negativa de la familia, se debe buscar la forma de romper dicho contrato.

 

DETIENEN DISCUSIÓN

 

Los magistrados detuvieron la discusión del tema por solicitud de Fernando Cruz, presidente de la Corte.

Esto debido a que Fernando Castillo, presidente de la Sala IV, se encuentra fuera del país y esperarán su regreso para discutir con más elementos el asunto.

Castillo es del parecer que el Poder Judicial se aboque a buscar otra opción donde sí se permita la compra del edificio y dejar de pagar una mensualidad.

Para ello se tiene ya un monto de ¢5000 millones.