Exdiputados y jerarcas firman contratos falsos del PAC

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Exdiputados, una ex viceministra, un alcalde, presidentes ejecutivos, un ministro y un diputado del actual gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) aparecen en la lista de contratos falsos que esta agrupación política usó en la campaña del 2010 para estafar al Estado y propiamente al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por ¢352 millones de colones.

DIARIO EXTRA solicitó al TSE la copia de los más de 200 contratos que se usaron para la estafa y que fueron investigados por el Ministerio Público.

Tras una minuciosa búsqueda en ellos, se detecta que figuran los nombres de los exdiputados: Manrique Oviedo Guzmán, Claudio Monge, Juan Carlos Mendoza, Carmen María Granados Fernández, Jeannette Ruiz Delgado y Yolanda Acuña Castro del período 2010-2014. 

Además de Marcela Guerrero Campos, Laura Garro Sánchez (condenada por falso testimonio) y Emilia Molina Cruz, del período 2014-2018.

Por ejemplo, en el caso del exdiputado Oviedo, se indica que él fue contratado como “gerente cantonal de campaña” desde el 1 de julio del 2009 hasta el 28 de febrero del 2010. 

En teoría, el PAC le iba a pagar a Oviedo por esa labor la suma de ¢5 millones, con bonos de la deuda política, pero dicho contrato (así como el resto) se usó para estafar al Estado, según determinó la investigación de la Fiscalía y que confirmó el tribunal penal en el juicio y hace semanas atrás ratificó la Sala III.

Los jueces William Serrano, Maribel Bustillo y Raúl Madrigal condenaron al extesorero de la agrupación Mainor Sterling a 6 años de prisión y a Manuel Antonio Bolaños, quien era el encargado de la proveeduría, a tres años.

“Con las pruebas aportadas, la Fiscalía acreditó que ambos imputados llevaron a cabo un plan delictivo mediante el cual generaron contratos falsos por el rubro de “servicios especiales”, los cuales procedieron a liquidar dentro de los gastos de campaña, con lo que consiguieron un cobro mayor de la contribución estatal”, explicó el Ministerio Público en un comunicado reciente.  

Otro ejemplo es el de la exdiputada Molina. Ella firmó un contrato como “supervisora de la organización provincial”, que rigió entre el 1 de febrero del 2009 hasta el 28 de febrero del 2010. 

Por el cual se le prometió el pago de ¢6,5 millones.

Ella explicó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que el partido le prometió pagar la labor que realizó con bonos “tipo b” y ella había accedido donar esos recursos al partido.

“Uno siempre tiene la expectativa de que se van a ganar las elecciones y que iba a alcanzar la liquidación de la deuda política para pagar ese contrato y yo donarlo al partido, pero en esa campaña al partido le fue muy mal”, indicó.

Molina dice que nunca pensó que dicho contrato se iba a usar para la estafa del TSE. “Yo firmé de buena fe, porque tenía un respaldo que era mi trabajo para el partido de tiempo completo, yo ya estaba pensionada y yo asumo que todos estábamos haciendo lo mismo”, agregó. 

En los documentos entregados por el TSE, junto a los contratos, se consigna los recibos de dinero por el pago de dichos servicios, pero en realidad nunca se cancelaron. 

Por ejemplo, en el caso de Molina ella confirma que nunca recibió el dinero, no obstante dicho vale viene firmado por Sterling (el extesorero) y lo acompaña una firma de la exdiputada, la cual sería falsa.

La totalidad de los contratos viene con la firma de la entonces secretaria general del PAC, Margarita Bolaños, quien luego fue presidenta de la agrupación.  

 

Legislador Y PRESIDENTES EJECUTIVOS

 

En la lista aparece el nombre del actual diputado oficialista Mario Eduardo Castillo Meléndez. 

La agrupación lo contrató como “gerente general de campaña” y le iba a pagar ¢5 millones.

Se quiso consultar al legislador si él recibió el pago por dicha labor y cuál fue su papel en dicha campaña, pero no respondió las llamadas a su teléfono celular.

Asimismo, figura en la lista Rogis Bermúdez Cascante, actual presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), el contrato es por ¢2,4 millones y tiene un comprobante de pago aparentemente firmado por él con fecha del 22 de marzo del 2010.    

También está la actual presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Marcela Guerrero.

La exdiputada aparece con un contrato por ¢2,4 millones, como “coordinadora cantonal de organización” y un recibido del PAC firmada en apariencia por ella.

Se quiso obtener su reacción, pero indicó que iba entrando a una reunión con el presidente Alvarado y no podía conversar. 

 

MINISTRO DE DEPORTES Y 
PRESIDENTA DEL BN

 

El listado incluye al actual ministro de Deportes, Hernán Solano, con un contrato también como “coordinador regional” por un monto de ¢1,8 millones.

La ex viceministra de Salud de la administración anterior, María Ester Anchía Angulo, también se halla entre los nombres de la lista de contratos. Así como el actual alcalde de Moravia, Roberto Zoch Gutiérrez; la exasesora legislativa y ex vicepresidenta del PAC, Kattia Martín Cañas.

La actual presidenta del Banco Nacional, María Jeannette Ruiz Delgado, también aparece con un contrato por ¢2,4 millones y un vale de recibido, en apariencia firmado por ella.

Se intentó conocer su versión, pero no respondió la llamada a su celular.

 

INVESTIGACIÓN

 

Como dio a conocer DIARIO EXTRA, desde el pasado 8 de mayo y en exclusiva, la Fiscalía General ya abrió una investigación (expediente 19-000084-1218 PE) sobre las personas que aparecen como firmantes de estos contratos.

Esto luego de que el diputado socialcristiano Pedro Muñoz solicitara a la fiscala general Emilia Navas investigar la causa.

De igual modo, el abogado penalista Juan Diego Castro solicitó al TSE documentación ante la sospecha de que el presidente Carlos Alvarado también esté en la lista de los contratos falsos, aunque en listado en manos de este medio no aparece su nombre.

Las autoridades del PAC siguen sin pagar la sanción económica que los Tribunales les dictaron por esta causa, luego de que interpusieran un recurso de casación ante la Sala III.

Según cálculos de la Procuraduría General de la República, el monto a pagar por el partido ya supera los ¢856 millones debido a los intereses que día a día siguen corriendo.