Corte resolvería problema de infraestructura con fondo de pensiones

Fuente:

Con nuevo proyecto sobre jubilaciones

El nuevo proyecto consensuado entre los representantes de los trabajadores del Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia contempla la posibilidad de que la junta administradora del fondo pueda financiar la compra de terrenos para la ampliación, remodelación, reforzamiento y construcción de edificios destinados al servicio de la Corte Suprema de Justicia.

Esto para el fiscal Ronald Segura sería quitarle las amarras al fondo para hacerlo más rentable y además resolver un problema que tiene la institución con instalaciones pésimas y el pago de ¢17 mil millones anuales en alquileres.

“A largo plazo la inversión en bolsa cada vez va a tener un margen menor de interés. Eso es lo que casualmente nos está condenando con el proyecto acordado el jueves, porque se dice que los fondos sólo van a poder ser invertidos de acuerdo con lo que establece el artículo 60 de La Ley de Protección al Trabajador, la cual en su inciso únicamente permite invertir en el mercado de valores”, manifestó Segura. El dirigente insistió que condenar a bajos rendimientos un fondo es poner en peligro la pensión de los trabajadores judiciales.

Según Segura, los expertos en inversiones recomiendan diversificar portafolios de inversión como lo hace desde hace varios años la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema). Por eso considera que el Fondo de Pensiones del Poder Judicial se vería fortalecido permitiéndole invertir en infraestructura y en préstamos para los empleados, lo que en la actualidad no le permite la ley.

 

EDAD DE RETIRO

 

Otras de los cambios contemplados en la iniciativa es que los trabajadores del Poder Judicial se pensionarían, las mujeres a los 60 años y los hombres a los 65, con el 85% del promedio de últimos los 120 salarios. Los funcionarios con 20 o más años de servicio podrán acogerse a una jubilación anticipada si no cumplieran con la edad o el número de años laborados que serían 35.

Ninguna jubilación o pensión luego de restarles las deducciones de ley y renta podrá exceder el monto correspondiente a 10 veces el salario más bajo de un servidor judicial. La Junta Administradora podrá ajustar el monto de las jubilaciones y pensiones que no sobrepasen dos salarios base más bajos que se paguen en la Corte. 

Todos los cambios a la ley se aplicarían 18 meses después de publicada en el Diario Oficial La Gaceta, es decir las personas que están próximas a pensionarse cuando se aprueben las reformas no se verían afectadas.

La elaboración del proyecto consensuado el pasado lunes permitió la finalización de la huelga; el mismo deberá ser votado en el plenario legislativo para que se convierta en ley de la República.

Ayer los gremios del Poder Judicial entregaron formalmente la iniciativa al presidente Luis Guillermo Solís.