Editorial: Tobilleras electrónicas

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EDITORIAL

 

Solo el 1,17 % de los beneficiarios del programa de libertad vigilada reincidió y serían menos si se afinan los criterios para conceder el beneficio, dice la ministra de Justicia. El programa fue polémico desde el primer anuncio y el riesgo de un retroceso solo será erradicado por una práctica exitosa a lo largo del tiempo.

 

Hace 10 horas

Apenas 16 de los 1.366 privados de libertad participantes en el programa de excarcelados bajo vigilancia mediante tobilleras electrónicas reincidió en la comisión de delitos en los primeros cuatro meses de este año. Se trata del 1,17 %, y serían menos si se afinan los criterios para conceder el beneficio, dice la ministra de Justicia y Paz, Marcia González.

 

La funcionaria enfatiza la necesidad de precisar el perfil idóneo de los potenciales beneficiados, más allá de las características establecidas por ley. La tobillera no puede ser utilizada por reincidentes, sentenciados a más de seis años de cárcel y participantes en crimen organizado, delitos sexuales e ilícitos cometidos con arma de fuego.

 

Ningún sistema erradicará la reincidencia, pero si la ministra ve espacio para reducirla más allá de los bajos niveles documentados hasta la fecha, es preciso escuchar su llamado.

Como criterios generales, la ley pide una seguridad razonable de que el reo no representa peligro ni evadirá el cumplimiento de la pena. Esos factores son más difíciles de precisar y la ministra procura homogeneizar criterios con el Poder Judicial mediante reuniones con magistrados de la Sala III, la oficina de defensores públicos y la Fiscalía. Entre las conclusiones iniciales, está la urgencia de capacitar a los jueces y compartir con ellos la información en poder del Ministerio de Justicia para ayudarles a tomar decisiones acertadas.

 

A juzgar por los resultados, las medidas de perfeccionamiento no pueden esperar. El programa fue polémico desde el primer anuncio y el riesgo de un retroceso solo será erradicado por el transcurso del tiempo si las tobilleras demuestran su valor. Es necesario ayudarles, pese a los buenos resultados obtenidos de entrada.

 

No tiene sentido extender el beneficio más allá de los reos idóneos cuando en las cárceles hay tantos de esa condición, como lo demuestra la escasez de tobilleras, no obstante las 1.366 asignadas. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia y el Ministerio de Justicia no terminan de ponerse de acuerdo sobre las razones, pero no hay suficientes aparatos, especialmente, de ciertas tallas.

 

Al considerar la posibilidad de la libertad vigilada, jueces y funcionarios del Ministerio de Justicia deben tomar en cuenta si hay un recluso con más méritos y probabilidad de contribuir al éxito de la iniciativa. Los reos devueltos a la comunidad tienen muchas posibilidades de rehabilitación y descongestionan las cárceles sobrepobladas. El costo de las tobilleras, fijado en $18 diarios, es menos de la mitad de la inversión requerida para mantener a una persona en la cárcel.

 

Si el éxito del programa depende de conceder la libertad a quienes tengan el perfil adecuado, ningún reo que califique debe permanecer en la cárcel por falta de equipos de vigilancia.

El riesgo de conceder el beneficio a quien pueda abusar de él y desprestigiarlo es demasiado grande si se le contrasta con las ventajas de las tobilleras. Entre los cinco asaltantes de una joyería en San Ramón, había uno con tobillera. El delito probablemente se habría ejecutado, también, sin participación del beneficiario de la libertad vigilada, pero su presencia llamó la atención, como era de esperar. Amplios sectores de la opinión pública no se detienen a ver si la persona es una entre cien ni valoran el reducido riesgo frente a los grandes beneficios.

 

Ningún sistema erradicará la reincidencia, pero si la ministra ve espacio para reducirla más allá de los bajos niveles documentados hasta la fecha, es preciso escuchar su llamado. Aparte de la idoneidad de los beneficiarios, la funcionaria pide examinar la amplitud de las zonas de libre desplazamiento.

 

 

Pero si el éxito del programa depende de conceder la libertad a quienes tengan el perfil adecuado, ningún reo que califique debe permanecer en la cárcel por falta de equipos de vigilancia. Ese parece ser el problema actual y constituye una injusticia, tanto mayor si se debe a desavenencias burocráticas y problemas de la contratación.