El camino correcto de la Reforma Laboral

Fuente:
Sección: OPINIÓN

Lic. Esteban Calvo Rodríguez*

Don Jaime Ordóñez ha publicado en su columna del pasado lunes 31 de julio un interesante artículo en el que cuestiona la ley que reforma el Código de Trabajo. Dice que ha leído con cuidado la ley y advierte muchos errores en ella.

Por lo que opina, yo digo que don Jaime ha hecho sus deberes a medias. No basta con leer atentamente la ley, hay que hacer también un esfuerzo por entenderla. Don Jaime, aparte de las afirmaciones curiosas que plantea, dice cosas totalmente erróneas. 

Afirma que los empresarios son los que con su capital y esfuerzo generan riqueza y empleo, pero ¿es acaso posible para los empresarios generar riqueza sin el esfuerzo de los trabajadores? Dice que la ley implica a las partes, empresarios y trabajadores, como enemigos y no como socios. Tal afirmación no solo es falsa sino que asume una idea del todo incorrecta. La relación de trabajo subordinado por antonomasia no puede ser asociativa. Cuando el empresario y el trabajador se vuelvan socios tendrán entre ellos cualquier tipo de relación, pero no una de trabajo subordinado, que es lo que en esencia regula la legislación laboral.

Históricamente y en todos los ordenamientos jurídicos del mundo capitalista, la construcción normativa que reglamenta las relaciones de trabajo subordinado parte de la asimetría que caracteriza esa relación productiva entre capital y trabajo. Es precisamente en atención a esta asimetría que todas las legislaciones prevén, como principio rector de la disciplina jurídica del Derecho del Trabajo, el principio de redistribución -que no de inversión- de la carga probatoria. En nuestro caso tal principio ha sido guía para la solución de los conflictos laborales desde que el Código de Trabajo existe y este tiene más de siete décadas. No es correcto por lo tanto afirmar que la nueva ley “invierte la carga de la prueba” en perjuicio de los empresarios. 

Tampoco es cierto que la ley sea draconiana, a no ser, claro está, que se considere draconiano el exigir al empresario la entrega de una carta en la que se expliquen los motivos claros y precisos que justifican el despido sin el pago de prestaciones laborales; o el deber de reinstalar en forma inmediata a una trabajadora cuando se le despide por motivos de embarazo o incluso el proteger a los trabajadores de actos antisindicales, que en todo caso estas cosas también entran en la órbita de protección de los derechos humanos, de los que se proclama defensor don Jaime.

Por lo demás, si la nueva ley no trae consigo la creación de un solo derecho sustantivo que no esté ya reconocido en nuestro ya casi octogenario Código de Trabajo, ¿qué fundamento hay para afirmar tan alegremente que la ley supondrá la ruina de las pequeñas y medianas empresas? ¿Es acaso que el aspirar como sociedad a una cultura de mayor cumplimiento de los derechos laborales implica emprender el camino contrario a la generación de riqueza para todos? Yo no lo creo, y como no lo creo, tampoco asustan los vaticinios apocalípticos de don Jaime.

No pongo en duda la agudeza de don Jaime para acometer las difíciles tareas que supone el enigmático arte de la predicción, pero sí diré dos cosas: Lo primero es que en los 17 largos años en que se discutió el proyecto de ley, nadie, ni siquiera los empresarios, advirtieron del desastre que don Jaime ahora acusa. Lo segundo es que la Ley de Reforma Procesal Laboral no hace más que implementar herramientas, especialmente de orden procesal, para tutelar el disfrute efectivo de los derechos laborales individuales y colectivos ya reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, a la vez que pone a disposición de ambas partes, empresarios y trabajadores, novedosos mecanismos para la solución pacífica de los conflictos que inevitablemente surgen en el mundo del trabajo.

Todo esto, creo yo, no puede ser visto desde ninguna arista, ni siquiera la propia de aquellos dotados de mentes agudas como la de don Jaime, como un camino equivocado. 

 

*Abogado laboralista

 

Las opiniones antes expresadas corresponden únicamente al autor y no representan la posición oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.