Sala IV definirá proyecto que inhabilita empresas

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El futuro del proyecto de ley que permite a entidades públicas aplicar una inhabilitación a las empresas que incumplan contratos queda en manos de los magistrados de la Sala Constitucional.


Esto es así después de que este martes 10 diputados prestaran su firma para enviar la consulta facultativa a la Sala IV, con lo cual se deberá esperar al menos un mes para conocer el resultado, lo que impide que la iniciativa de ley pueda votarse en segundo debate.

Los socialcristianos Pedro Muñoz, Óscar Cascante y Shirley Díaz; los independientes de Nueva República, Ivonne Acuña, Jonathan Prendas, Marolin Azofeifa, Ignacio Alpízar y Harllan Hoepelman; además de Walter Muñoz y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN); y el independiente Erick Rodríguez completaron las 10 firmas que ordena la Constitución para esta consulta.

La consulta pretende que el proyecto se declare inconstitucional por varios aspectos, entre ellos se señala: “Esa inhabilitación para contratar con TODO EL SECTOR PÚBLICO contraviene lo normado por el artículo 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa, generando inseguridad jurídica, contradicción normativa, y estableciendo una sanción claramente desproporcionada e irracional”.

Además se alega que lo establecido en el proyecto como “faltas graves” para inhabilitar al contratista de proyectos de infraestructura vial pública violentaría el principio de tipicidad de los ilícitos administrativos. “Esto por cuanto queda a entero criterio del aplicador de la sanción (la Administración) el contenido de la falta, generando absoluta inseguridad jurídica a los administrados”, indica la consulta.

La liberacionista Karine Niño, proponente de la iniciativa de ley, se mostró molesta por la decisión de los legisladores, a quienes cuestionó en el plenario si por lo menos tenían idea de lo que estaban firmando.

Lamentó que ninguno de los firmantes se acercó a ella para tratar de mejorar el proyecto y puso en duda si lo que hacen es defender intereses más grandes.

“Con una simple lectura del documento de consulta presentado ante la Sala es claro que ni siquiera tuvieron el cuidado de referirse al último texto actualizado del proyecto porque hay razonamientos del mismo que responden a versiones anteriores ya superadas. Espero, compañeros, que quienes lo firmaron acepten que ni siquiera lo leyeron”, expresó.

Rodríguez le respondió a Niño alegando que la consulta es un derecho que ellos tienen y él votó a favor de la iniciativa en el primer debate, pero no ve mal que los magistrados la revisen.