Editorial: Caos del sistema penal no acaba

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Hace un par de días, tras la resolución 3917-2019 del juez de Ejecución de la Pena de Alajuela, Juan Carlos Alvarado Miranda, emitida el 29 de julio, se ordenó el cierre técnico de la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos.

El juzgador criticó que el centro está hacinado y además existe un incumplimiento de los planes de atención profesional y preferencias sobre los residentes, a su vez “solicita la Defensa Pública: medida Correctiva, inspección In sito en la unidad de atención integral Reinaldo Villalobos y un cierre técnico inmediato”, cita el documento oficial.

Esta situación no es nueva en el país, existen múltiples fallos judiciales y votos de la Sala Constitucional que alertan sobre las debilidades del sistema penitenciario; peor aún, advierten la grave violación a los derechos humanos en esos centros penales.

El fallo que emitió el juez Miranda se hizo sobre la Unidad de Atención Reinaldo Villalobos, uno de los recintos penitenciarios más modernos del país, el cual costó más de $11 millones. Su capacidad funcional es de 704 reclusos, aunque actualmente alberga a 829, para una sobrepoblación de 125.

La Unidad de Atención Integral Pablo Presbere, en Pérez Zeledón, también enfrenta una situación de hacinamiento y colapso, pues cuenta con una capacidad máxima de 256 privados de libertad y ahora tiene 320.

Datos oficiales del Ministerio de Justica revelan que 13 unidades corren la misma suerte, como son las cárceles de mujeres Vilma Curling, conocida como El Buen Pastor, y el Centro de Atención Integral de Guanacaste, ubicado en Liberia. Además los penales Carlos Luis Fallas, Pococí, Marcus Garvey en Limón, Heredia, San Agustín, Adulto Mayor, Adulto Joven y Luis Paulino Mora. Estos tres últimos en Alajuela.

En San Carlos el hacinamiento alcanza el 78%, mientras que en Puntarenas sube al 82%. Estas cifras son alarmantes y evidencian varios panoramas lamentables que deben analizarse con prontitud, pues esta crisis representa un problema que lleva años.

Al día de hoy el número de internos asciende a 15.900. El caos que experimentan hoy los centros penales no es para menos porque el sistema quedó rezagado, pese a las opciones que las administraciones han implementado. Además se crearon más leyes con penas privativas de libertad y se pusieron en funcionamiento tribunales como los de flagrancia, pero nunca se sopesó que la infraestructura estaba en las peores condiciones.

Se levantaron dos unidades productivas, valoradas en $22 millones, una de las cuales está hacinada y otra a punto de llenarse, pero tampoco surtieron efecto.

Por ejemplo, se trató de innovar con el uso de dispositivos electrónicos para mandar personas para la casa y no meterlas en prisión, pero esto tampoco combatió el hacinamiento, por el contrario, esta opción dio paso a fuertes críticas sobre los beneficios carcelarios. A quiénes y por qué los otorgan sigue siendo un misterio, pues queda a decisión de un juez y en muchos casos los beneficiarios los vulneran con gran facilidad.

Otro de los factores que hacen el conflicto casi imposible de resolver en un corto plazo fue la transformación de las contravenciones en delitos y el reforzamiento de los cuerpos policiales preventivos y represivos. Esto está muy bien porque la criminalidad aumenta y con ello la violencia en los hechos delictivos.

No podemos tapar el sol con un dedo, la criminalidad muta y es evidente que Costa Rica hoy es la base de operaciones de redes nacionales e internacionales del crimen organizado, drogas, armas, tráfico y trata de personas. La capacidad de nuestras policías para investigar y resolver casos ha mejorado mucho y de ahí la gran cantidad de personas detenidas, enjuiciadas y condenadas a prisión, pero no hay más espacio para recluirlas.

El país se debate entre construir más centros penales y formular nuevas estrategias para poner los reclusos afuera, pero con vigilancia, haciendo uso de la tecnología. Los ciudadanos tienen claro que los quieren tras las rejas, pero eso cuesta mucha plata y parece que esto de la formación para la reinserción es un fracaso.

El uso de tobilleras electrónicas es catalogado como un sistema alcahuete, pues algunos delincuentes siguen haciendo de las suyas y el tiempo de respuesta para mitigar este tipo de acciones es poco para nuestras autoridades, lo cual demuestra que no constituye un elemento disuasivo para no delinquir.

Esta administración optó por no dejar salir a todos y por reconstruir y construir algunos espacios nuevos, pero siguen siendo pocos, pues los privados de libertad se desbordan, lo cual indica que más personas están cometiendo delitos de todo tipo. Por ejemplo, solo este martes y miércoles por la madrugada la policía reportó seis asaltos violentos a locales comerciales, casas, un bus y dos gasolineras.

Es urgente que las autoridades estatales replanteen el rumbo de la política criminal del país porque aún no está claro qué se busca. Pasan los días, meses y años, cada administración tiene encima la papa caliente del sistema penitenciario.

Cómo no, si Costa Rica no trabaja desde la raíz del problema y dejó de lado las acciones de prevención. El sistema es tímido -por no decir nulo- en educar sobre criminalidad, sus causas y consecuencias. Esta podría ser una solución a largo plazo, pero debe ponerse en práctica porque nuestros jóvenes están saturando las cárceles. La mayoría de reclusos tiene entre 20 y 35 años, está en el apogeo de la edad productiva.

Mientras nos debatimos entre encerrar o liberar a los privados de libertad, lo cual es urgente, también debemos trabajar en nuevas generaciones más informadas, pues está comprobado que eso baja los índices de delincuencia. Cómo es posible que por falta de presupuesto meses atrás se dio por finalizado un programa de educación antidrogas que visitaba las escuelas y colegios.

Si seguimos pensando que estas acciones tendientes a informar, formar y educar son un gasto, definitivamente tendremos que comenzar a diseñar las megacárceles del futuro o resignarnos a que cada día las actuales estarán más hacinadas.

Es hora de dejar de actuar reactivamente, es momento de ser proactivos, de modernizar el sistema penitenciario, de reformular el encarcelamiento y de buscar opciones de producción para quienes cumplen penas. ¿Por qué no hacer de los reclusos proveedores del Estado, que siembren, que construyan, que trabajen en ebanistería? Eso es más barato que buscar plata para levantar más muros.

Aparejado a esto está el uso de la tecnología, pero no bajo el sistema actual de tobilleras, no porque el dispositivo sea malo, sino por la forma en que se concede y la poca contención que ejerce. Tampoco se puede estar liberando privados de libertad porque las prisiones estén repletas, eso en vez de ser una solución genera más caos social.

Aquí hay gente experta en el tema y es necesario que este país decida cuál hoja de ruta seguirá en la materia, pues llevamos décadas sin tomar en serio un asunto que es una bomba de tiempo.