Denuncian a director del Infocoop ante Fiscalía

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El representante de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), Franklin Salazar, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Gustavo Fernández, director del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

El documento con fecha del 7 de agosto plantea que el proceso se recibió en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

La denuncia es por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad, según consta en el texto.

Como parte de los hechos se dice que el movimiento cooperativo ha sido víctima de arbitrariedades en los últimos dos gobiernos. En ese sentido, se mencionan tres decretos relacionados con la intervención.

Luego señalan que “ocurre que el denunciado, después de que el Infocoop comprobó el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y le comunicó a más de casi 40 cooperativas autogestionarias que estaban incluidas en la calificación oficial, viene ahora a instruir a las dependencias del Infocoop para requerir nuevos requisitos bajo la amenaza de que en caso de no cumplirlos serán excluidos de la clasificación”.

Explica que eso va a impedir que las cooperativas puedan participar de la elección después de que el Infocoop les había comunicado su incorporación en la afiliación.

Algunas de las cooperativas excluidas hasta hoy son Coopevisión, Coopemoli, Coopeguacimeñas, Coopelogos, Coopemuelle, Coopecook, Seguricoop, Coopepurisil, entre otras.

“Existen razones fundamentadas para pedir al Ministerio Público que investigue que esas prevenciones tienen como posible finalidad excluir del proceso a las organizaciones que en creencia del denunciado, podrían no comulgar con los intereses de las autoridades de gobierno de cara a las elecciones del sector cooperativo y en particular para la elección de los cuatro representantes del sector ante la junta directiva del Infocoop”, indica la denuncia.

Al respecto, Gustavo Fernández, director del Infocoop, manifestó que no ve que se cumplan las condiciones para estar frente a un prevaricato, ni abuso de autoridad.

“El prevaricato significa que yo estoy utilizando mi puesto para cometer un acto injusto o ilegal y en ninguno de los casos aplica eso. Lo que estamos haciendo es que las cooperativas reales sean las que voten y eso no es ilegal, el requisito está estipulado en el decreto ejecutivo. Se podía ordenar que se le pidiera la cuenta bancaria ante una duda razonable”, explicó.

Agregó que los requerimientos están en apego al espíritu de intervención y el decreto ejecutivo.