Inoperancia de CCSS salva tanda a 7 funcionarios

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La inoperancia y falta de decisiones por parte de la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hizo que el procedimiento de responsabilidad disciplinaria interpuesta a siete funcionarios de alto rango de la institución quedara sin efecto, según consta en la resolución GF-3632-2019/GM-9959-2019/GP-5974-2019.

A los funcionarios se les abrió el proceso debido a la denuncia penal en el Ministerio Público bajo el expediente 12000046-615-PE por los aparentes delitos de influencia sobre la hacienda pública, fraude de la ley y administración fraudulenta.

Aspectos que habrían generado la crisis económica que enfrenta la Caja actualmente, sin embargo el caso en la CCSS, que fue de conocimiento de la administración en 2012, prescribió por no actuar las autoridades en un plazo de cinco años.

 

ACUSACIONES

 

Se trata de Luis Guillermo López Vargas, Iván Guardia Rodríguez, Gustavo Picado Chacón y José Alberto Acuña Ulate, quienes en apariencia sometieron a aprobación de la junta directiva una serie de beneficios laborales como aumento de tope de cesantía y anualidades, aumento de la base salarial no profesional y creación de nuevas plazas sin considerar estudios técnicos elaborados por Daniel Muñoz Corea, otro funcionario de la CCSS, en el periodo 2008-2009.

También Dinorah Garro Herrera, quien junto a Carlos Montoya Murillo, Christian Hernández Chacón, Yorleny Madrigal Mora y José Luis Quesada Martínez, como miembros del Comité de Inversiones de la Gerencia de Pensiones, supuestamente generaron afectaciones patrimoniales a la Caja por realizar compra-venta de títulos valores entregados por el Ministerio de Hacienda como parte del pago a la deuda estatal, en el periodo 2010-2011.

La apertura de la acción apenas se dio el 25 de abril del 2019 luego de que el órgano decisor integrado por la gerencia médica, gerencia de pensiones y la gerencia financiera lo solicitara mediante el oficio GM 5231-2019/GP 2498-2019/GF 1937-2019 al Centro para la Instrucción del Procedimiento Administrativo (CIPA), tras la denuncia en el Ministerio Público.

Incluso, en abril anterior, la institución separó a Guardia Rodríguez de la Dirección Financiero Contable, a Acuña Ulate de la Dirección Financiera Administrativa y a López Vargas de la Dirección Técnica Actuarial y Económica.

Al trasladárseles los cargos el 22 de mayo del 2019, los funcionarios en cuestión no se quedaron con los brazos cruzados y procedieron a interponer apelaciones.

Picado Chacón, Acuña Ulate, López Vargas, Quesada Martínez y Guardia Rodríguez presentaron una recusación contra el órgano decisor, excepción de prescripción y non bis in idem (no dos veces por lo mismo), incidente de nulidad y recursos de revocatoria y apelación.

Garro Herrera también puso recursos de revocatoria y apelación, excepciones de prescripción, caducidad, falta de legitimación y causa e incidente de nulidad.

Con el accionar los funcionarios en cuestión hicieron cuatro informes de Auditoría en 2012 que se refieren a los hechos investigados, por lo cual consideran que desde ese momento a la fecha actual no se hizo uso oportuno del ejercicio de la potestad disciplinaria, por lo que el caso se encuentra prescrito.

“La administración tiene más de ocho años de conocer los hechos que se investigan y no existe ninguna norma que le otorgue al Estado un poder ilimitado para sancionar, sino que por el contrario el legislador ha establecido plazos determinados para ejercer tal potestad, siendo el máximo el de cinco años.

Por tal motivo, no habiéndose actuado de manera oportuna, se renunció tácitamente a la potestad disciplinaria”, dijo uno de los funcionarios, según consta en la resolución.

 

ACEPTAN PRESCIPCIÓN

 

Mario Ruiz, gerente médico; Jaime Barrantes, gerente de pensiones; y Carlos Manuel Alfaro, gerente financiero de la CCSS, mencionaron que el caso está prescrito debido a que cuatro informes de auditoría sobre lo investigado fueron puestos a conocimiento de la presidencia ejecutiva desde 2012 y algunos a la junta directiva.

Además, señalan que “de las investigaciones preliminares realizadas con ocasión a las recomendaciones de la auditoría, no se logró detectar, con excepción de los hallazgos en el informe ASAAI-191-2012, elementos de hecho y derechos suficientes para justificar la instrucción de procedimientos disciplinarios”.

“Considerando que los informes de auditoría interna fueron de conocimiento de las autoridades superiores administrativas de la Caja desde el 2012 y el traslado de cargos del presente procedimiento administrativo disciplinario fue notificado a los investigados entre el 24 y 28 de mayo el 2019, queda evidenciado que el plazo de cinco años que aplica para este caso ya feneció. De ahí entonces, que lo que corresponde en derecho es declarar con lugar la excepción de prescripción interpuesta”, dijeron los gerentes que conforman el órgano decisor.

Ante el análisis, los gerentes determinaron ordenar el archivo de la causa.