Secreto bancario atasca investigaciones de estafas cometidas desde cárceles

Fuente:

OIJ clama por modificación legal que le permita revisar cuentas bancarias sin orden previa de un juez

Escucha este artículo 8:03 Eillyn Jiménez B.. Hace 2 horas

Las investigaciones judiciales por estafas cometidas desde la cárcel se demoran hasta cinco meses por la falta de un acceso directo a las cuentas bancarias y el lento proceso para poder revisarlas. Así lo sostiene Wálter Espinoza Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien clama por una modificación legal que permita levantar el secreto bancario sin necesidad de la orden de un juez.

En la actualidad, una vez ingresada la denuncia, es necesario que la Policía Judicial remita un informe al Ministerio Público, para que de ahí pase a manos de un juez que determinará si da acceso o no a los datos bancarios.

En ese trámite se puede tardar hasta cinco meses y eso limita las posibilidades inmediatas de seguir la huella del efectivo o intentar recuperarlo, precisó Espinoza.

“Cuando una persona pone una denuncia, nosotros compilamos todos los datos en un informe, los pasamos a la Fiscalía para que los revise y, si lo consideran pertinente, solicitan el levantamiento del secreto bancario a un juez, quien analiza el caso y si lo estima necesario emite una orden.

“Con esa orden en físico nosotros vamos a las entidades financieras y es de esa forma que rastreamos el destino del efectivo. En ese trajín duramos entre tres y cinco meses, aproximadamente”, explicó el jerarca.

Ese plazo incluye de ocho a 12 semanas en trámites judiciales y de cuatro a ocho más, para que los bancos brinden la información.

Para Espinoza, la única forma de reducir el proceso es darle un acceso más directo al Ministerio Público y al OIJ. Por ejemplo, que puedan acudir directamente a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para pedir el levantamiento del secreto bancario y, en un máximo 48 horas, se tengan los datos.

El funcionario también cree que una solución sería que los datos a los que sí tiene acceso el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) puedan ser utilizados no solo para inteligencia, sino también para fines de investigación judicial. Sin embargo, hasta ahora el OIJ no ha presentado ningún proyecto de ley a la corriente legislativa para que los diputados analicen una modificación legal.

Reos usan aplicación hecha en Costa Rica para estafar a personas desde la cárcel Eillyn Jiménez B. Katherine Chaves R. 25 agosto Obstáculos a la investigación Por su parte, Miguel Ramírez López, fiscal adjunto de Fraudes, coincidió con Espinoza en que el tiempo que se tarda en recopilar los datos genera dificultades para la investigación.

Destacó que una posibilidad es aprovechar los avances tecnológicos e intercambiar documentos de manera digital, así como fomentar una unión interinstitucional que permita tramitar modificaciones legales para facilitar el trabajo de recopilación de datos.

“Definitivamente vamos a tener que ver un poco más hacia el desarrollo, porque la delincuencia va caminando a pasos agigantados, corriendo, con tenis nuevas y con una serie de mecanismos que uno se queda asustado por la tecnología que tienen, mientras que nosotros estamos desplazados. “Soy creyente de que tenemos gente de excelente nivel en todas las instituciones como para dejar que el hampa o la delincuencia nos gane esta carrera”, detalló Ramírez.

Prohibiciones y excepciones de ley La prohibición para brindar datos de las cuentas bancarias de las personas está establecida en el artículo 615 del Código de Comercio, el cual precisa que a menos de que exista una solicitud o autorización escrita del dueño o una orden judicial, no se dará información.

Sin embargo, los apartados 124 y 125 de la ley sobre estupefacientes permiten a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) utilizar los datos de cuentas bancarias para sus investigaciones. Esa información puede ser revelada a jueces, Fiscalía, cuerpos policiales y unidades de análisis financiero, pero no puede ser utilizada como prueba en las investigaciones, sostuvo Wálter Espinoza.

“La inteligencia no sirve de prueba, entonces es mejor que no me cuenten porque eso es como tener mucha hambre, ir a un restaurante y que solo se pueda oler y ver, no comer, en ese caso es mejor no ir”, manifestó el jerarca del OIJ. Él insistió en que aunque algunos califiquen su iniciativa como “descabellada”, el objetivo no es persecutorio, sino más bien de colaboración para con las víctimas de estafas.

En tanto, el fiscal Miguel Ramírez mencionó que hay que tener cuidado con los datos a los que tiene acceso el ICD, porque en el caso de las investigaciones judiciales, es vital recolectar la prueba debidamente, porque de no hacerlo se cae en un problema probatorio.

“La delincuencia va caminando a pasos agigantados, corriendo, con tenis nuevas y con una serie de mecanismos que uno se queda asustado por la tecnología que tienen, mientras que nosotros estamos desplazados”, Miguel Ramírez, fiscal de Fraudes. Trabajo conjunto y oposición Tanto Espinoza como Ramírez coinciden en que han sostenido conversaciones con diversas instituciones, con el objetivo de abordar el tema y de buscar soluciones que permitan solventar la problemática.

“El secreto de todo esto es la unión interinstitucional, el intercambio de conocimiento, el intercambio de tecnología (...). Yo quiero que a final de año estemos en una relación con mesas de trabajo productivas y creo que sí se puede lograr”, sostuvo el fiscal de Fraudes.

Espinoza añadió que ha expresado a los diputados la necesidad de una modificación legal para el levantamiento del secreto bancario, enfatizando que esto permitiría a la Policía y al Ministerio Público tener más herramientas para hacer su trabajo. Gustavo Viales, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, dijo que ha escuchado al director del OIJ indicar que es un elemento importante, pero que primero se debe verificar con otras partes, como los miembros del sistema bancario nacional, la Defensa Pública y otros actores del Poder Judicial.

“En el tema de estafas no hemos recibido posesión del levantamiento del secreto bancario, para otros temas si hemos tenido discusión. Por ejemplo, en la Comisión de Hacendarios hubo un proyecto de ley, pero más que todo por el tema tributario y fue dictaminado en contra”, expresó el legislador. Mencionó que lo primordial es verificar el proceso actual sin dejar desprotegida la información bancaria de los ciudadanos.

En tanto, Enrique Sánchez, congresista del Partido Acción Ciudadana (PAC) y miembro de la misma comisión, declaró que Espinoza planteó la necesidad existente, pero que de momento no se ha generado un espacio de construcción para una propuesta concreta.

"Sería muy oportuno que el OIJ, como conocedor del detalle técnico, genere una propuesta para cumplir con el objetivo sin violentar los derechos de las personas en cuanto a su información privada. “Eso podríamos llevarlo a la Comisión para su análisis”, armó Sánchez.

Ante el planteamiento de las autoridades, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) aseguró que mantiene su posición de que para acceder a la información financiera de las personas debe existir una autorización de un juez. "Es un requisito fundamental para garantizar la efectiva protección de la información privada de las personas.

La ABC considera que ese procedimiento garantiza que los requerimientos de datos estén justificados y sean procedentes, de conformidad con las reglas del proceso judicial, y por lo tanto, esa etapa previa es necesaria en aras de resguardar los derechos de las personas.

El mecanismo ha funcionado adecuadamente sin obstaculizar el curso del proceso. “Los bancos siempre han mostrado disposición de colaborar con las autoridades y el mejoramiento del proceso ha sido una constante operativa para atender los requerimientos de manera pronta y oportuna, siempre cuidando que se respeten los procedimientos mínimos para salvaguardar la privacidad de los clientes”, explicó María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación.