Sala IV avala proyecto que inhabilita empresas

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La Sala Constitucional dio luz verde para el segundo debate del proyecto de ley 20.648, el cual permitirá que la administración pública solicite la inhabilitación de una empresa que incumpla contratos con el Estado de 3 y hasta 10 años.


 
Karine Niño, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), que impulsa la iniciativa, celebró la decisión de los magistrados.

“La Sala Constitucional se puso las pilas. Tengo entendido que la votación fue 7 - 0. No hubo ningún comentario ni de fondo, ni de forma. Lo anterior a pesar de las presiones y de la forma en cómo presentaron la consulta de constitucionalidad, que por la forma de redacción parecía estaban en contra del proyecto”, indicó Niño.

Continuó: “Yo espero que este miércoles se vote en segundo debate y le demos una herramienta a la administración para que las empresas dejen de burlarse del gobierno en materia de infraestructura.

Es importante subrayar que, en ese tema, Costa Rica muestra un rezago importante. Incluso en algunos índices sobre infraestructura vial y competitividad, nuestro país aparece en el puesto 126 de 137 países, es decir entre los diez peores, y eso es un reflejo del secuestro qué hay en temas como los que busca el proyecto”.

 

INICIATIVA

 

En específico, según el texto final de la iniciativa, lo que se busca es que el gobierno, una vez concluido el debido proceso, cuente con instrumento para inhabilitar a empresas y que no puedan participar en procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, por un período de tres a diez años, según la gravedad de la falta.

“Sanción de inhabilitación para contratistas en proyectos de infraestructura vial pública.

La Administración, una vez concluido el debido proceso, inhabilitará para participar en procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, por un período de tres a diez años, según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que, sin justa causa, incurra en incumplimiento grave del contrato, por cualquiera de las causas establecidas en este artículo.  La sanción aquí prevista impedirá la participación del contratista en futuros procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública”, se lee en el plan.

 Continúa: “La inhabilitación será comunicada a la Contraloría General de la República, que llevará un registro al respecto, el cual será de acceso público.

 No será necesaria la aplicación de la sanción de apercibimiento señalada en el artículo 99 de la presente ley, como requisito previo para la aplicación de la sanción de inhabilitación, cuando se trate de incumplimientos graves en contrataciones relacionadas con proyectos de infraestructura vial pública.

Se entenderá por proyectos de infraestructura vial pública aquellos que impliquen la construcción, la reconstrucción, la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación de vías nacionales y cantonales, que sean ejecutados por el Estado o los gobiernos locales respectivamente, incluyendo cualquier tipo de obras relacionadas con puentes y demás estructuras viales conexas, así como las contrataciones que se realicen para llevar el control de calidad de las obras, la administración, la supervisión o la inspección de este tipo de proyectos en nombre del Estado o de las municipalidades”.

 

LARGO CAMINO

 

Cabe recordar que el expediente en cuestión estaba por votarse hace unos dos meses en segundo debate, pero fue retrotraído al primer debate, para hacerle unas correcciones, luego de observaciones de la Contraloría General de la República.

Entre las preocupaciones del ente contralor es que el texto se hablaba de infracciones “graves” para sancionar a las empresas, pero no se explicaba bajo qué parámetros se caía en esa falta, es decir, era muy abierto.

A lo anterior se le suma el recelo con el que vio la iniciativa la Cámara de la Construcción, ente que tildó de desproporcionado el plan.

“En este proyecto en específico hemos hecho observaciones porque nos parece que desconoce los principios de proporcionalidad y razonabilidad definidos en la Constitución Política. El proyecto no delimita claramente en qué consiste el eventual incumplimiento de una empresa, y eso puede generar una situación de inseguridad jurídica, pues ante cualquier hecho aislado o relativamente pequeño, se podría abrir un proceso incluso motivado por represalias. Entonces, apelamos a que se corrija ese aspecto del texto, para que estén claras las definiciones de falta y tener claras las reglas. Por eso, compartimos la posición emitida por la Contraloría General de la República, que advierte a los diputados de las inconsistencias del proyecto”, indicaron.