Presentan amparo por invasión de frontera con Nicaragua

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Contra autoridades ticas por zona marítimo-terrestre

Desde Managua, Nicaragua, un representante de la Fundacion Mundial Déjame Vivir en Paz viajó a nuestro país para presentar ante la Sala IV un recurso de amparo contra los alcaldes de los consejos municipales de Los Chiles, San Carlos, Pococí, Upala, Sarapiquí, además de los ministerios Público, Salud, Seguridad, Cancillería y otras entidades por el supuesto desacato a una orden de los magistrados.

Según datos que los miembros de la fundación compartieron con DIARIO EXTRA, estas instituciones han caído en desacato a la orden que debían ejecutar para acabar con la invasión de la zona marítimo-terrestre a lo largo de la frontera con Nicaragua, que ha sido ocupada del lado de Costa Rica por habitantes de la región y fue calificada como ilegal por la Sala IV.

El recurso señala a las entidades responsables de limpiar la franja fronteriza de alto valor ecológico por omitir el fallo y no proceder a los desalojos que ordenaron los magistrados, tal como lo establece el artículo 20 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. 

“A lo largo de nuestra zona marítimo-terrestre fronteriza con Nicaragua existen construcciones de diversas y múltiples índoles que no se han demolido a vista y paciencia de los encargados de poner orden, que en este recurso de amparo los acusamos y les pedimos si ustedes tienen a bien visitar la zona en cuestión para que logren ver lo que denunciamos y es sabido por todos”, manifestó el costarricense Alberto Cabezas, presidente de la fundación.

 

RÍO SAN JUAN 

 

Los representantes de Déjame Vivir en Paz expresan en el documento que la riqueza en biodiversidad de la zona fronteriza está en riesgo, alguna de ellas en el margen del río San Juan de Nicaragua, que conforma un terreno geológico susceptible y virgen.

“Las autoridades costarricenses son cómplices del desacato a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre ya que permitieron que algunos de los infractores no se procesaran el pasado 21 de julio del 2017 por realizar un bloqueo de la carretera en Fátima de Sarapiquí para impedir la demolición de un salón comunal y cinco cabinas de madera. 

Paralizando de esta manera cumplir a un juez, la policía y personal municipal cumplir con una sentencia judicial contra varios lugareños por el delito de invasión en zona protección en perjuicio de los recursos naturales”, amplió Cabezas.

Los miembros de la fundación esperan que con el recurso de amparo se respete el fallo de los mismos magistrados para desalojar el cordón fronterizo.