Dar beneficios a judiciales por 10 años es como saquear el fondo

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Diputada Sandra Piszk adversa acuerdo gremios-Corte

Sandra Piszk, diputada liberacionista y exministra de Trabajo, explica cuáles son las diferencias entre los dos proyectos que existen para reformar el régimen de pensiones del Poder Judicial y a su criterio los riesgos que significaría seguir el camino que proponen la Corte y los gremios judiciales.

El siguiente es un extracto de la entrevista que dio en su visita al Grupo Extra, a pocos días de que los legisladores en el plenario empiecen a discutir ambas iniciativas. 

Después de la suspensión de la huelga del Poder Judicial mucha gente, incluso los propios funcionarios judiciales, están muy molestos, no tienen claro qué se negoció ni qué sigue ahora a lo interno de la Asamblea Legislativa. 

¿Está desfinanciado el régimen de pensiones del Poder Judicial?

-No, pero si no se hace nada sí corre el peligro de quedar desfinanciado, y ese es el propósito de hoy. El déficit actuarial equivale a ¢5,3 millones de millones, proyectado a 100 años, pero se pronostican tres momentos críticos que hacen necesaria una reforma. El primero el año 2029, cuando sería necesario, si no se hace nada hoy, comenzar a utilizar los intereses de las reservas. Otro año crítico donde el fondo comenzaría a presentar decrecimiento de sus reservas en el 2040 y por último un año de agotamiento del fondo en el 2048. Es decir, en 11 años, si no se reforma el régimen, comienzan los problemas.

¿Una diferencia con el texto de la Superintendencia de Pensiones (Supen) origina la huelga que usted califica de innecesaria?

-Digo que apareció el texto de la Supen, porque si bien habíamos trabajado con los asesores técnicos de ellos, el día que tuvimos al superintendente Álvaro Ramos, quien nos dio su versión del tema, ahí se presentó el texto de la Supen y se aprobó en la comisión. Quizá creo se hizo de forma muy rápida, pero siempre con el fin de que fuera una alternativa de discusión. Esto es importante que la gente lo tenga claro, los textos base son precisamente eso, una base para luego ser modificada. Esto causó mucha molestia en los gremios. No obstante, para mí el texto de la Supen no era lo que yo consideraba ideal, pero tenía cosas importantes.

Pero, ¿usted sí votó a favor del texto de la Supen?

-Sí, en ese momento lo voté. Creo que el único que no lo hizo fue Jorge Arguedas (diputado del Frente Amplio), pero repito, fue por una alternativa para analizar el tema. Luego en una reunión posterior Jorge presentó una moción para volver al texto de los gremios que apoyé, esto lo hice porque me preocupó mucho que una de las soluciones que se proponían era que los funcionarios viejos del Poder Judicial se quedaran en el régimen de la Corte y los nuevos pasaran al régimen de Hacienda, lo que significada un recargo al presupuesto nacional de aproximadamente ¢1.200 millones. Pero la votación se pierde y nos quedamos con el texto de la Supen. Hablé muchas veces con los gremios para indicarles que ningún texto cumplía con los requisitos para sanear el régimen, que eran insuficientes para la sostenibilidad y debían modificarse.

La Corte irrespetó el tiempo establecido para el informe de la UCR. ¿Fue necesario ese movimiento?

-Decidimos esperar al 31 de junio para tener el informe final, donde se nos presentaron cuatro escenarios para tomar una decisión. Los primeros dos escenarios no eran viables, por lo que el tercero y el cuarto eran los escogidos. Se diseñó un proyecto que toma como base el cuarto escenario, que es el más favorable para los trabajadores, pero con un aspecto del tercer escenario que consultamos si era posible fusionarlo. Entonces el 27 de julio se vota el dictamen de mayoría. La huelga estalló el 19 de julio, cuando no se había dictaminado el texto, y antes de eso ya el nuevo presidente de la Corte, don Carlos Chinchilla, nos había dicho que estaban dispuestos a acatar el estudio de la UCR. Recuerdo que el mismo 19 de julio, antes del anuncio de la huelga, se aprobó una moción para recibirlos ocho días después y exponerles lo que había dicho la UCR, pero aun así ellos deciden irse a huelga. Eso nunca lo entendimos. 

¿Faltaron a su palabra los gremios del Poder Judicial, pues habían acordado respetar el informe de la UCR?

-Sí, claro. Ellos aducen que serán respetuosos y luego cambian de discurso. El día 26 los recibimos en audiencia, primero a los gremios, aunque estaban en huelga, y luego a los representantes técnicos de la Corte. Al día siguiente en horas de la noche se dictaminó el proyecto, apegados siempre al estudio de la UCR. Posteriormente la Corte llega a un acuerdo con los gremios para un texto distinto, donde incluso le piden al Presidente de la República que desconvoque el expediente dictaminado de mayoría de las sesiones extraordinarias, que por dicha no lo hizo. El diputado Arguedas toma ese acuerdo y lo presenta como un dictamen de minoría. 

¿La Corte refuta el dictamen de mayoría?

-Sí, ahí fue evidente el compromiso de la Corte con los gremios y uno entiende que van a vetar el dictamen de mayoría, que fue lo que ocurrió. Seguiremos insistiendo en que el dictamen de mayoría es el que apoyamos. Este se puso a consulta, como es parte del proceso, y la Corte envió un criterio donde se aparta de él y apoya el de minoría. 

Pero, ¿por qué ellos tienen la potestad de resolver cuando son parte?

-Ese ha sido el eterno problema con las pensiones de los magistrados, ellos son los que resuelven. Aunque en honor a la verdad los magistrados de la Sala IV se abstuvieron de votar en este caso.

¿Cuáles son las diferencias entre ambos proyectos?

-El dictamen de mayoría, que se apega a lo que dice el estudio de la UCR, establece 65 años de edad para pensionarse, el de minoría, que apoya la Corte, pone 60 años para las mujeres y 62 para los hombres; es decir, la mantiene a hoy. El monto de la pensión, que hoy es del 100% del salario, nosotros lo bajamos al 85%, ellos también, pero con una diferencia: en el cálculo nosotros decimos con los últimos 240 salarios y ellos quieren 120 salarios, lo que se traduce en plata.

Los empleados de la Corte aducen que cotizan más, pero el Estado les da más dinero a ellos que a otros para pensionarse. ¿Eso es discriminatorio?

-La cotización obrera la ponemos escalonada entre un 11% y un 15%, el de los gremios lo deja en un 11%, como está hoy, pero así no se supera el déficit. La cotización patronal se deja igual, en el 14,36%. Aquí es importante indicar que la cotización patronal es lo que aportan todos los costarricenses. La Corte siempre ha dicho “nosotros tenemos mejores pensiones porque aportamos más”. Es cierto, pero lo que no dicen es que el Estado (es decir, todos nosotros) les da mucho más. En este tema ellos lo dejan igual, pero incluyen un artículo que dice que este porcentaje se ajusta proporcionalmente conforme a los incrementos que la junta administradora acuerde como aporte. Es decir, me parece que nos están diciendo que el día que decidamos que suba ese aporte, el Estado va a tener en el presupuesto que aumentarlo. Eso no tiene ninguna lógica.

¿Hay un aporte solidario? ¿En qué consiste?

-Otro punto es la contribución especial solidaria, que es muy similar en ambas propuestas. En la de minoría ellos lo ponen entre un 25% y un 50%. Aquí es importante recordar que todas las pensiones se afectan o tendrán una rebaja cuando superen el tope de ¢4 millones, se aplica sobre el excedente y resguardando que esa rebaja no sea confiscatoria. Es decir, en el tema de los números creemos que hay diferencias importantes entre ambos proyectos que en nuestro criterio ponen en riesgo la sostenibilidad.

¿Qué pasa con la administración del régimen? ¿Solo quieren miembros de la Corte?

-Proponemos la creación de una junta administrativa, los gremios también, pero con dos diferencias sustanciales: la integración. Hablamos de dos miembros de la Corte, dos miembros del colectivo judicial y tres directores independientes, que deben ser nombrados de acuerdo con el reglamento de la Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Creo que en honor a la verdad deberíamos meter vía moción a algún pensionado.

¿Se vendieron los gremios por tres puestos en la junta de administración del fondo?

-Bueno… El dictamen de minoría habla de tres miembros de la Corte y tres miembros del colectivo judicial, con el agravante que cualquier votación puede quedar empatada y el presidente tiene doble voto, o sea seguirá siendo la Corte quien decida. Eso para nosotros no es válido. 

El fondo de pensiones de la Corte se niega a ser supervisado, pero ¿por qué así si hay fondos públicos ahí que están en riesgo?

-Exigimos que se dé una supervisión y regulación de la Supen. Ellos hablan de una colaboración, entre colaboración y supervisión hay una diferencia importante. Ahí es donde el Poder Judicial dice que estamos interviniendo en la estructura y el funcionamiento de la Corte y su autonomía. Creo que esto llevará a una discusión muy interesante porque aquí hay fondos públicos y creemos que por ese detalle debe existir regulación. Se les olvida que el aporte del patrono es del dinero del Estado y eso debe regularse como indica la ley cuando son dineros del erario. 

¿Hay un transitorio en el dictamen de minoría que a usted le preocupa?

-Existe un transitorio quinto en el proyecto de minoría de los gremios que establece un plazo de 10 años para quienes quieran pensionarse y cumplan uno solo de los requisitos, edad o tiempo de servicio (todo de la ley actual), se pueden ir con las condiciones actuales. Ese transitorio es inviable para nosotros, es una vergüenza.

¿El acuerdo entre los gremios y la cúpula de la Corte solo beneficia al 22% de los trabajadores judiciales. ¿Es un golpe a miles de personas?

-Sí, eso fue evidente. El proyecto nuestro entra a regir a los 18 meses y con este transitorio tendrían una ventana de hasta 10 años para pensionarse con las ventajas actuales si se aprueba esto que ellos piden. Pero el que se acordó de dar 10 años beneficiaría solo al 22,2% de los funcionarios judiciales actuales (2.300 personas), afectando a los funcionarios más jóvenes y que tienen salarios más bajos.

¿Fue desleal ese acuerdo para la mayoría de los empleados judiciales que además apoyaron la huelga?

-Es una norma que genera desigualdad para beneficiar a funcionarios de altos salarios. Deja en riesgo financiero a los trabajadores más jóvenes porque el fondo no garantiza sostenibilidad en el tiempo.

¿Cuál es el costo financiero de este transitorio quinto?

-El costo financiero de aprobar este transitorio quinto son ¢70 mil millones en el plazo de 10 años. Si esto se aprueba, se quiebra el fondo, incluso gente que no ha llegado aún a trabajar en el Poder Judicial tendría que pagar esto. Ante esto vamos a pelear, estamos de acuerdo en que el Poder Judicial debe tener mejores salarios y pensiones que el resto de la administración porque es un órgano que requiere gente sólida, pero estas cosas no se valen. 

¿Qué viene ahora? ¿Cómo van a defender el dictamen de mayoría si hay un acuerdo entre los gremios y la Corte basado en minoría?

-Bueno, la mayoría de los diputados en la comisión vamos a defender el dictamen de mayoría. El 21 de agosto debe iniciar la discusión en el plenario con la puesta de mociones y antes de que se acabe agosto debemos tener esto definido.