Magistrados desaprueban proyecto de consenso

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Insisten en que afectaría funcionamiento del Poder Judicial

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia enviaron el pasado jueves al Congreso su argumento por el cual rechazan el dictamen de mayoría sobre el proyecto que reformaría el régimen de pensiones judiciales, que fue dictaminado por una comisión especial de la Asamblea Legislativa el 27 de julio anterior.

Como parte del procedimiento, los diputados enviaron la consulta del proyecto a los grupos interesados, en este caso la Corte, quien desaprobó el dictamen de mayoría y reiteró su apoyo a uno de minoría que presentó el legislador del Frente Amplio (FA) Jorge Arguedas.

El informe de la Corte concluyó que “el proyecto sí afecta la estructura, la organización y el funcionamiento del Poder Judicial y se estima necesarias estas observaciones”.

 

DISCREPANCIAS

Los funcionarios del Poder Judicial, representados por los magistrados, discrepan de los congresistas que impulsan la reforma e insisten en mantener una edad de retiro para todo funcionario por igual en 65 años. 

“Replanteamos la edad de retiro diferente para hombres y mujeres por el respeto a la materia de género como política institucional que no es posible obviarla”, comentó Carlos Chinchilla, presidente del Poder Judicial. 

El informe judicial propone que se fije 62 años para los hombres y 60 para las mujeres.

Están de acuerdo en que ya no se pensionen con el 100% de su salario, sino bajarlo al 85%, pero insisten en que se consideren para el cálculo de la jubilación 120 sueldos de referencia, que representarían los últimos 10 años laborados y no los 240 salarios como lo contempla el texto en consulta.

Tampoco se oponen al tope de pensión, que se quiere establecer en ¢4 millones aproximadamente, siempre que contemple las reducciones de ley, sean estas el 11% del aporte al fondo, el 5% del seguro social y entre el 10% y el 15% del impuesto de renta. 

Sobre ese tema el proyecto de mayoría de los diputados establece una contribución solidaria escalonada que inicia con un 25% y hasta un 55%. La Corte pide que se rebaje a un 20% y un 50%, siempre y cuando otro estudio actuarial demuestre que es beneficiosa para el régimen.

Otro punto en conflicto es la creación de la Junta Administradora del Fondo que se propone y que la Corte quiere suprimir a los directores independientes, que dicha junta tenga independencia sustancial, pero que en materia presupuestaria se mantenga dentro del Poder Judicial.

 

DISCUSIÓN

 

Debido al criterio negativo que dio la Corte, ahora los parlamentarios tienen una duda sobre si esto se trae abajo la posibilidad de dar una vía rápida al proyecto en el Plenario, es decir que exista un plazo para su votación.

Esto porque el artículo 167 de la Constitución Política dice que para que los diputados aprueben un proyecto de ley que afecte la funcionalidad del Poder Judicial y donde este haya indicado su negativa, se ocupa del voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, es decir sumar 38 votos o lo que se conoce como mayoría calificada y no los 29 votos de una mayoría simple.

El lunes el Plenario entrará a conocer los dos dictámenes de mayoría y negativa en una sesión extraordinaria a partir de las 9 a.m.