Editorial: Amenazas a la independencia judicial

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Según el magistrado Fernando Cruz, los medios de comunicación no visualizamos ‘el tema de la independencia judicial’, pero los hechos lo desmienten.

Hace 10 horas

A juzgar por la intervención del presidente de la Corte Suprema de Justicia en un foro celebrado la semana pasada en el Colegio de Abogados, la independencia judicial no solo está bajo asedio de la reforma fiscal, sino también de las informaciones de prensa acordes con el cumplimiento general del ajuste y contrarias a su parecer.

“Las amenazas también existen cuando los medios de comunicación no visualizan ‘el tema de la independencia judicial’; entonces, un dictamen que requiera 38 votos es como un capricho de la Corte para defender sus privilegios. Así se le ha hecho pensar a la población, porque todo este juego a lo que ha llevado es a que los culpables de todo el tema del desequilibrio fiscal son los funcionarios. Esos son los que llevan la responsabilidad”.

La afirmación tiene mucha miga. Para comenzar, dice el magistrado Fernando Cruz, los medios de comunicación no visualizamos el tema, pero los hechos lo desmienten. Entendimos perfectamente cuando la Asamblea Legislativa votó contra la permanencia de don Fernando en la magistratura a consecuencia de sus fallos y pregonando la intención de enviar un mensaje a sus colegas.

Lo comprendimos cuando se repitió la situación en cabeza del magistrado Paul Rueda, por cierto, carente de respaldo en sectores judiciales afines a las tesis de don Fernando sobre la relación entre la fórmula de cálculo de los pluses salariales y la independencia judicial.

Sorprendió, en el caso de Rueda, que no todos “visualizaran el tema” dentro del Poder Judicial y la prensa hiciera mucho más para defender la independencia de la judicatura al más alto nivel. La prensa también “visualizó el tema” cuando surgió un movimiento legislativo para reformar la Sala Constitucional, imponiéndole cortapisas, allá por el 2009. Hay otros ejemplos para demostrar que la diferencia esencial no es sobre la importancia y comprensión de la independencia judicial, sino sobre la supuesta relación entre ese valor y los beneficios económicos concretos, incluida la forma de calcular los pluses salariales. Esa relación sí es difícil de visualizar. Por fortuna, la Sala Constitucional ha coincidido más con la prensa que con el presidente de la Corte.

La reforma fiscal no requirió el voto de 38 diputados porque, según la Sala, no afecta el funcionamiento o independencia del Poder Judicial, como alegaba la Corte Plena con don Fernando Cruz a la cabeza. Eso podría explicar la falta de apoyo al magistrado Rueda, redactor del fallo, de algunos supuestos defensores de la independencia, pero también conduce a preguntar si el magistrado Cruz considera a sus compañeros de Sala tan incapaces como la prensa de visualizar “el tema de la independencia judicial”. ¿Son, entonces, esos magistrados una amenaza para el ejercicio independiente de la judicatura? ¿Y los diputados favorables a la reforma?

¿Y el Poder Ejecutivo que la promovió? ¿Y los magistrados que disintieron en la Corte Plena? La defensa de la independencia, entendida como la entiende don Fernando, prácticamente se reduce a los beneficiarios del statu quo, con importantes excepciones. Son grupos incapaces de visualizar, junto con sectores del sindicalismo, la imposibilidad de mantener los privilegios existentes.

Por supuesto, nadie se opone a respetar la ley cuando ordena aprobar una medida por 38 votos. El punto es que no se requería y la Corte Plena insistió en armarlo “para defender sus privilegios”, si don Fernando nos permite tomar prestadas sus palabras. Todos tenemos derecho a decirlo y negar, en el debate público, el absurdo vínculo entre esos privilegios y la independencia judicial sin ser encasillados como amenaza para la institucionalidad.

Por demás, quienes lo decíamos teníamos razón a ojos de la Sala IV. Nadie “ha hecho pensar a la población” lo que no es cierto y nadie ha dicho que “los culpables de todo” son los funcionarios. Este diario insistió, a lo largo del debate scal, sobre la necesidad de no exonerar a las empresas privadas que insistían en ello y ha señalado, una y otra vez, las marcadas iniquidades entre los privilegiados del sector público y los empleados del Gobierno Central, cuyos salarios son reprimidos para pagar la esta de la aristocracia burocrática.