Pluses del Poder Judicial en manos de contralora

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La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, tiene en sus manos el futuro del pago de pluses en el Poder Judicial, luego de que el Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales de la Contraloría General de la República declarara sin lugar la medida cautelar y el recurso de apelación interpuesto por el presidente de la Corte Suprema, Fernando Cruz Castro.

Con dicho recurso, Cruz se oponía a la orden de aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en lo referente a los ajustes que debe aplicar en materia de pluses.

Al mismo tiempo, el Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales mantiene su postura de que las instituciones del sector público deben ajustarse a lo que dice la normativa a fin de lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales emitió el oficio DFOE-PG-0032, el 28 de enero del 2020 y tras los rechazos correspondientes procedió a trasladar el expediente administrativo al despacho de la contralora general “a efecto de que pueda ser resuelto el recurso de apelación en subsidio interpuesto”.

“Emplazar al recurrente ante el Despacho de la Contralora General de la República, por el término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, para que se alegue lo que se estime pertinente, de conformidad con los artículos 349 y 350 de la Ley General de la Administración Pública. Trasladar el expediente administrativo al Despacho de la Contralora General de la República, a efecto de que pueda ser resuelto el recurso de apelación en subsidio interpuesto”, reseña la dependencia de la Contraloría.

 

NO DICE CÓMO

 

Cruz interpuso, el 7 de enero anterior, un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, nulidad concomitante y solicitud de medida cautelar, por considerar que el área de Servicios Públicos Generales se extralimitó en sus funciones, al ordenarle al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en diciembre anterior en el oficio DFOE-0739 a “girar las instrucciones a las instancias internas competentes del Poder Judicial para asegurar la aplicación del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Nº9635, en las condiciones, términos y plazos establecidos en dicha norma,  para la totalidad de los funcionarios del Poder Judicial sin distingo de fecha de incorporación, así como definir los mecanismos de seguimiento para asegurar dicho cumplimiento”.

Añade que “(…) Se desprende claramente que no se indicaron en concreto las medidas particulares que deberá adoptar el Poder Judicial para ajustarse al marco legal vigente, por el contrario, de la orden únicamente se deriva la obligatoriedad de dar cumplimiento a la Ley 9635 en los términos y plazos establecidos en dicha norma. Las medidas que el Poder Judicial estime necesarias para dar cumplimiento a lo anterior son de su exclusiva competencia, algunas de las cuales parecen haber sido ya adoptadas porque se mencionan en el propio oficio de interposición del presente recurso y para las cuales, incluso, se señala un cronograma para su implementación”, reafirma la instancia de la Contraloría en el DFOE-PG-0032. 

A esto agrega que “El análisis realizado por la Contraloría General y la consecuente emisión de la orden, están orientados a que el Poder Judicial de cumplimiento total a lo dispuesto por la Ley 9635 en su Título III y para ello se ordena al presidente de la Corte girar las instrucciones internas que le permitan analizar y lograr ese cumplimiento”.

Desde el Poder Judicial, indicaron que “lo se resolvió y ya se notificó, fue la revocatoria y solicitud de medida cautelar. Falta aún como se indica en el documento que usted hace referencia que la señora contralora resuelva la apelación”.

Colaboró en la información el periodista Marco González.