Justicia quiere brazaletes 3G con nuevo proveedor

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En una carta enviada el 19 de diciembre de 2019 por Viviana Boza Chacón, viceministra de Justicia y Paz, a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) le pide tomar las medidas correctivas con el proveedor de los brazaletes electrónicos, la empresa CESA, a través de Geosatis en Suiza.
El escrito lo dirigió a Daniel Vargas Salas y Édgar Allan Benavides Vílchez, administrador de contrato y gerente general, respectivamente.
El documento, del que DIARIO EXTRA tiene una copia, ventila la posibilidad de cambiar de proveedor de brazaletes (CESA), además se advierte migrar de tecnología 2G -con la cual funciona actualmente el sistema- a 3G.
“…1. Las redes 3G son las redes que cuentan con mayor cobertura a nivel nacional y por lo tanto permiten contar con una mayor probabilidad de una mejor comunicación entre el sistema y los dispositivos.
2. Se requiere de una plataforma estable, con mayor estabilidad, flexibilidad, adaptabilidad para el manejo y extracción de la información.
3. Un sistema que incorpore dispositivos 3G con probada experiencia operativa en otros países, dado que la evidencia internacional apunta a la modernización de los dispositivos, maximizando la posibilidad de comunicación continua.
De igual forma, se ha identificado una serie de situaciones que aquejan y comprometen la eficacia operativa de la plataforma de monitoreo que brinda la ESPH a través de la empresa CESA como representante de la empresa Geosatis, situaciones que, en reiteradas ocasiones, este ministerio ha mostrado y manifestado su preocupación y ha solicitado vehemente explicaciones y respuestas claras a una situación que lejos de resolverse continúa preocupando”, se lee en el escrito.

CESA SE DEFIENDE

El Diario del Pueblo consultó a Iván Barrantes, vocero de CESA, si conocen la posición de Justicia y Paz de buscar el cambio de tecnología, y por ende de proveedor, a lo que respondió que esto es parte de “la última torta que la exministra de Justicia y Paz, Marcia González, delegó en su subalterna, la viceministra Boza”.
“Ocurre un movimiento medio extraño porque resulta que la ESPH después de haber dicho casi mentirosa a la ministra, ahora son los mejores amigos y el hilo se corta por la parte más débil, que somos nosotros, el proveedor de la tecnología, que conocemos de las pretensiones de Justicia y Paz a través de una carta de querer sacarnos”, manifestó.
Cabe señalar que la ESPH no es el proveedor de la tecnología de los brazaletes, sino la empresa Geosatis a través de CESA, que es el representante en el país y se los entrega a la ESPH.
Para Barrantes la exministra González pasó de sacada de clavo al asegurarle a Manuel Delgado, exdirector de la Unidad de Monitoreo de Justicia y Paz, que iba a sacar a la ESPH, a un capricho al querer cambiar la tecnología a 3G a costa de lo que sea, lo que su criterio no tiene sentido.
“No existe un informe, no hay un análisis que diga que casi 400 dispositivos siguen sin dar señal porque el asunto aquí es que el problema se mantiene, aun pasando de 2G a 3G.
En realidad siempre ha sido un mal manejo de gestión en el Ministerio de Justicia, lo cual ellos no han querido aceptar y por eso tenemos que salir a la luz pública, pues quieren dañar los intereses de CESA”, sentenció Barrantes.

“COMPADRE HABLADO”

De acuerdo con el vocero de CESA, el cambio va tan avanzado que la ESPH ya tiene un estudio de mercado y el próximo proveedor presuntamente sería la empresa Track, que la exministra habría escogido.
“Me parece que hay un compadre hablado ahí y que entonces la fijación de la ministra desde el día uno era sacar la tecnología Geosatis por la tecnología Track.
Evidentemente el paso inicial era haber sacado a la ESPH, pero como la cosa se complicó en setiembre y fumaron la pipa de la paz, ahora son compadres y no enemigos, entonces fue más fácil sacar a CESA porque nuestro contrato con la ESPH se vence en mayo de este año”, añadió Barrantes.
El experto asegura que además obviaron los tres años de experiencia de la empresa y que se dejan pasar otros aspectos importantes para el monitoreo electrónico, sin tener lógica que en un principio fue la ESPH quien advirtió de las deficiencias de Justicia.
También se habló de bajar precios y se le dio a Justicia la opción de poner a negociar a quien quisiera, ahora simplemente dejan pasar esos aspectos.
“Yo instaría a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa que vuelva a llevarnos a todos porque aquí alguien mintió. Los casi 400 brazaletes siguen sin dar señal, sigue siendo un problema de ellos y como dije, esto no se soluciona con migrar a 3G porque recordemos no es un problema de banda ancha. La señal de la tobillera, que equivale a 6 o 7 fotos de WhatsApp, puede andar en 2G”, explicó.
Además dijo que de todos modos migrarán a 3G el próximo año sin cambiar los costos y no “lo que ella (exministra) pretende, un cambio abrupto de proveedor y cambiar de golpe 1.600 dispositivos, que sería un problema de seguridad nacional, no los 400 que tiene ahora”.
CESA con el tema del contrato considera que la exministra “era la ungida, la preferida, el número uno de la red de cuido del señor presidente, y lo instó a tomar medidas, ya que esta señora le causaba problemas todos los meses.
Pero si esto sigue así va a traer serios problemas y no nos quedaremos de brazos cruzados por un problema y un capricho de alguien que se fue y sigue causando esos problemas”.