PLN y PUSC unirían votos para nombrar a Anamari Garro como magistrada de Sala IV

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Restauración y PAC evitan mostrar sus cartas para el tribunal constitucional

Aarón Sequeira. Hace 12 horas

Las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC) unirían sus votos este miércoles, en una sesión extraordinaria del plenario de la Asamblea Legislativa, para elegir a la magistrada suplente Anamari Garro Vargas como titular de la Sala Constitucional. Así lo reconocieron, por separado, la jefa socialcristiana, María Inés Solís, y el liberacionista Luis Fernando Chacón, quienes argumentaron que los nombres de la terna son de altísima calidad y que, finalmente, sus bancadas se inclinan directamente por Garro.

“Es una terna buenísima, nos gusta y vamos hacia el lado de doña Anamari. Conocemos su carrera, su integridad personal y laboral. Es la opción que estamos valorando al 100% para mañana. Creo que sale en una primera ronda de votación”, dijo la vocera de la Unidad. Chacón, presidente de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, dijo que el PLN acogió el dictamen emitido por ese foro legislativo. Esa terna se completa con los nombres de la abogada litigante y exmagistrada suplente de Sala II, María del Rocío Carro Hernández, y el juez contencioso administrativo, Hubert Fernández Argüello.

El Congreso debe elegir al sustituto de Ernesto Jinesta, quien se pensionó en mayo del 2018. “Existe una posición inicial de mantener un apoyo hacia Anamari Garro, quien obtuvo el primer lugar de la calificación, porque además tiene amplia experiencia en esa materia tan especializada”, indicó el verdiblanco.

Añadió que Liberación se mantendrá apoyando a Garro a menos de que haya una clara señal contraria a su nombramiento que deje ver la imposibilidad de elegirla. Con sus bases completas, Liberación y la Unidad sumarían 26 votos a favor de la candidata a jueza constitucional. Para lograr el nombramiento, se requiere del apoyo de dos tercios de los diputados, o sea, 38 votos. Garro cuenta con un doctorado por la Universidad de los Andes, una maestría en Derecho Público por la misma casa de enseñanza y una maestría en estudios jurídicos, por la Universidad de Navarra. Su licenciatura en Derecho la obtuvo en la Universidad de Costa Rica (UCR), en 1989.

Ha estado ligada a la Sala Constitucional desde 2012, primero como letrada y luego como suplente. Además fue asesora legislativa entre el 2004 y el 2006, para las comisiones de Ambiente y de Concesiones. Entre 1995 y 1996 fue asesora del primer vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno, durante el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998). Restauración Nacional (PRN), por su parte, evitó mostrar la carta que pondrán sobre la mesa para la elección de este miércoles.

Eduardo Cruickshank, jefe del PRN, dijo que el liderazgo en temas de nombramientos lo lleva Carlos Avendaño, miembro del foro dedicado a esos asuntos. Cruickshank añadió que él prefiere mantenerse dentro de la terna, pero que finalmente debatirán cuál sea la posición de Restauración media hora antes de que el plenario se reúna para discutir ese nombramiento.

La sesión del plenario quedó convocada para este miércoles a las 9 a. m. Para el proceso de selección, los congresistas realizan cinco rondas de votación, hasta que una de las personas reciba 38 votos. En caso de que pasen cinco rondas de votación, sin que nadie haya logrado la mayoría establecida en la Constitución para su nombramiento, la discusión se debe suspender para continuar la próxima semana.

En el caso del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez dijo que lamentan llegar a esta discusión sin que se haya logrado aprobar el voto público para elegir magistrados y sin que se haya instalado la comisión parlamentaria para analizar propuestas de ese tipo. En cuanto al nombre que podría aprobar el partido de gobierno para completar la Sala Constitucional, Sánchez indicó que, para “tan importante elección”, querrían nombrar a alguien más especializado en Derecho Público y Administrativo, por la gran cantidad de casos que atiende ese tribunal sobre acceso de los costarricenses a los servicios públicos.

“Nosotros vamos a valorar los nombres, no hemos tomado la decisión sobre una persona particular. Primero los nombres de la terna y, en segundo lugar, los nombres de las personas que participaron de todo el proceso, hicieron la audiencia, entregaron sus atestados, pero que no quedaron en el informe final”, indicó el oficialista.