Justicia se metería en problemas por brazaletes

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Sucesos

Boris Molina, abogado de CESA, anuncia acciones legales
 
Molina dijo que CESA tomaría acciones legales contra el Ministerio de Justicia para que se resuelva la bronca de los brazaletes.
El grupo CESA, proveedor de los brazaletes y tecnología para el monitoreo de privados de libertad por medio de un contrato con el Ministerio de Justicia, tomará acciones legales para no dejar de brindar el servicio al gobierno.
Este anuncio lo hizo luego de que William Villalobos, representante legal de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), sostuvo que se hizo un estudio de mercado para buscar un proveedor nuevo con el fin de migrar de la tecnológica 2G hacia la 3G.
CESA brindó el servicio a la ESPH durante 3 años y por la negativa del gobierno de mantenerlos con el contrato una vez que se acabe decidieron optar por los servicios del reconocido abogado Boris Molina para su defensa.
Molina conversó con El Periódico de Más Venta en Costa Rica sobre su participación y explicó que “el tema central es que la empresa que represento tiene la mejor tecnología para brindar un servicio que la ciudadanía requiere y no se puede dar el lujo de prescindir o poner en riesgo”.
 
ACCIONES LEGALES
 
Molina añadió que existe una obligación legal, con base en el principio de buena fe contractual, de lealtad entre las partes, se debe dar prioridad al adjudicatario actual para cualquier variación que vaya a hacerse en defensa del interés público.
Lo anterior debido a que desde el Ministerio de Justicia y Paz simplemente tomaron la decisión de realizar un estudio de mercado en apariencia rebuscado para sacar al proveedor.
Según el abogado, esto lo hicieron sin considerar que CESA puede suplir la tecnología 3G que se requiere y pese a que a la ESPH no se le vence contrato hasta 2021.
Adujo que podían simplemente haberle dicho a la compañía que se encargara del trabajo hasta el vencimiento y no buscar su reemplazo.
A criterio de Molina este accionar de la institución puede traerle consecuencias legales.
“El funcionario público está obligado a actuar con base en el deber de probidad. Y la falta a este deber puede acarrear el despido de ese funcionario. Actuar con probidad significa respeto absoluto a la imparcialidad, a la objetividad, a actuar alejado de la arbitrariedad.
Estamos valorando las diferentes acciones legales que se deben tomar. Entre ellas podrían considerarse acciones ante la Contraloría, ante la Procuraduría de la Ética, el Tribunal Contencioso y de ser necesario hasta el Ministerio Público”, manifestó.
Para cerrar el litigante advirtió que tanto en la ESPH como en el Gobierno Central existen funcionarios de gran valía con los cuales se puede conversar y procurar un arreglo armonioso en esta situación.
Enfatizó en que el interés público que está en juego amerita que todas las partes busquen arreglar el conflicto.
“Es claro que no vamos a quedarnos cruzados de brazos frente a una situación que representa la pérdida de millones de dólares para la empresa que represento. Así que haremos lo necesario para defender los intereses de CESA frente a viento y marea”, concluyó Molina.