Diputados eligen a Anamari Garro como magistrada de Sala IV con amplio apoyo

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Por primera vez en 30 años de existencia, la Sala IV tendrá dos mujeres como magistradas propietarias

Aarón Sequeira. Hace 18 horas

Los diputados eligieron, la mañana de este miércoles, a la magistrada suplente Anamari Garro Vargas como nueva titular de la Sala IV, cuando recibió el apoyo de 44 legisladores. La abogada litigante María del Rocío Carro recibió seis votos e Ileana Sánchez, dos. Garro, de 53 años, ha estado ligada al tribunal constitucional desde el 2013.

Primero, fue letrada y, desde el 2016, ha sido magistrada suplente. Los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) habían anunciado públicamente su apoyo en favor de ella. En su formación, la nueva jueza constitucional cuenta con un doctorado y una maestría en Derecho Público por la Universidad de los Andes, así como una maestría en estudios jurídicos por la Universidad de Navarra.

La licenciatura en Derecho la obtuvo por la Universidad de Costa Rica (UCR), en 1989. La magistrada Nancy Hernández emitió una declaración motivo de la elección de Garro: “Agradezco a la Asamblea el haber llevado un concurso de alto nivel con candidatas y candidatos de gran trayectoria y excelencia”.

“Este nombramiento es un gran avance en materia de paridad en la justicia constitucional que hasta ahora solo había tenido una mujer titular en sus 30 años de existencia. Es un hecho histórico que hay que celebrar porque el país avanza hacia una justicia más paritaria”.

La Sala apuntó que esta será la primera vez, en sus 30 años de existencia, que tendrá dos magistradas titulares: Nancy Hernández López y Anamari Garro Vargas. Entre 1995 y 1996, la magistrada electa también fue asesora del entonces primer vicepresidente de la República, Rodrigo Oreamuno, durante el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998).

La juramentación quedó prevista para las 3 p. m. de este jueves 13 de febrero en el plenario. Discursos previos a la votación La decisión se dio luego de amplios discursos de congresistas del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como de Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN); y de José María Villalta, del Frente Amplio. Los primeros se dedicaron, durante muchos minutos, a criticar que no se haya avanzado en la posibilidad de hacer la elección de magistrados de forma pública y, luego, a hablar sobre las características que, para ellos, debe tener un magistrado de ese tribunal.

“Necesitamos una Sala que sea el a la tradición democrática que ha tenido ese tribunal, inclusiva, que entienda los derechos humanos en su magnitud más amplia y que sea consciente de todos los retos que vamos a enfrentar, tanto en materia climática como en derechos humanos”, dijo Paola Vega.

En cuanto a la candidata seleccionada por la mayoría de los congresistas, dijo que tanto en corrillos legislativos, como en voz alta, varios grupos parlamentarios han dicho que buscan colocar en la Sala “personas que sean afines a su credo religioso, o sea, personas que no vuelvan a avalar derechos como el matrimonio igualitario y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.

“Buscan que los magistrados tengan una línea más conservadora y regresiva en materia de derechos. Esto es muy preocupante, porque un magistrado debería elegirse por sus competencias y sus calidades académicas y trayectoria, no por afinidades de índole privada, política o de creencias religiosas, o por estar en contra de ciertas poblaciones”, añadió Vega.

Villalta, por su parte, dijo que el proceso debe ser más transparente y armó: “Tenemos un déficit de género en la Sala Constitucional, en este momento estamos cinco hombres y una mujer. Es fundamental solventar esa brecha de género". Dos diputados lanzaron críticas a una eventual decisión para el nombramiento de Garro basada en creencias religiosas.

Por un lado, la independiente Zoila Volio enfatizó: “La religión y la política no se deben mezclar. La historia lo ha comprobado. Ese tribunal debe velar por el cumplimiento de los derechos humanos como la igualdad y la inclusión”. Por su parte, Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que jamás se atrevería él a vetar a nadie por sus creencias, “no es la motivación, no les hemos preguntado sus convicciones religiosas, en ningún nombramiento que hemos hecho”.

“Lo preocupante es que otros sí hayan decidido dar el apoyo a partir de sus vínculos con esta organización. Es decir, jamás yo podría pensar que una magistrada va a priorizar sus creencias por encima del derecho. Lo preocupante es que otros crean que sí, que crean que ella va a priorizar sus convicciones sobre la Constitución”, dijo el oficialista.