Interponen salacuartazo contra unidad de datos del Gobierno

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Diputados de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) interpusieron la noche de este domingo una acción de inconstitucionalidad contra la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) que el Gobierno de Carlos Alvarado creó desde hace más de un año sin informar sobre esta, y con la cual Casa Presidencial pretendía acceder a datos personales de la ciudadanía.

Se interpone la presente Acción de Inconstitucionalidad en contra de la decisión de las primeras tres autoridades públicas citadas de crear, primero al margen de la ley, un órgano para analizar y recabar datos de carácter confidencial protegidos por norma constitucional y, segundo, por haber decretado posteriormente su creación formal mediante el dictado de un Decreto Ejecutivo que facultaba a ese órgano a requerir de la Administración Pública Central y Descentralizada, toda la información en su poder (salvo la que tuviere naturaleza de Secreto de Estado), con el supuesto objeto de servir de insumo en la elaboración de políticas públicas por parte del Gobierno de la República, a cuyo jerarca dicha Unidad de Análisis de Datos servía de forma permanente”, indica el documento.

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La diputada socialcristiana María Inés Solís señaló que irán hasta las últimas consecuencias con el tema.

Hoy en el Plenario la oposición discute qué acciones tomarán, entre ellas la posibilidad de crear una comisión especial legislativa que analice lo ocurrido.

¿Qué es la UPAD?

Es la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) que se creó en octubre del año pasado.

Alvarado y su gabinete ocultaron la puesta en marcha de la UPAD hasta el pasado viernes, día en que se vieron obligados a derogar un decreto que pretendía darle más alcance a la agencia, tras la presión del Congreso y la ciudadanía.

La UPAD, que funcionó como una instancia asesora del mandatario para la toma de decisiones políticas, disponía para su constitución al Gobierno central e instituciones autónomas facilitar todo tipo de información, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.

Ordenaba la facilitación del acceso a los datos y la información de carácter confidencial de los ciudadanos, cuando fuera necesario.