Denuncian al presidente por prevaricato y violación de datos

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Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, fue denunciado por los delitos de prevaricato y violación de datos personales.
La denuncia la presentó la noche de este domingo el reconocido abogado penalista y excandidato presidencial, Juan Diego Castro Fernández.
Castro solicitó a la Fiscalía General de la República un allanamiento urgente en Casa Presidencial con el fin de decomisar las computadoras y respaldos digitales que utiliza el equipo de minería de datos en Zapote.

UPAD

La polémica surge luego de que el gobierno ordenara la creación vía decreto de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en octubre del año pasado.
Alvarado y su gabinete ocultaron la puesta en marcha de la UPAD hasta este viernes, día que se vieron obligados a derogar el decreto tras la presión del Congreso y la ciudadanía.
La UPAD, que funcionó como una instancia asesora del mandatario para la toma de decisiones políticas, disponía para su constitución al Gobierno central e instituciones autónomas facilitar todo tipo de información, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.
Ordenaba la facilitación del acceso a los datos y la información de carácter confidencial de los ciudadanos, cuando fuera necesario.

DELITOS

“El presidente y sus ministros aquí denunciados Víctor Morales Mora (de la Presidencia) y Daniel Soto Castro (viceministro de Planificación), reglamentaron la ejecución reiterada del  delito de violación de datos personales, artículo 196 bis del Código Penal, autorizando a los funcionarios de la UPAD para que  en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apoderaran, accedieran, copiaran, difundieran, recopilaran y dieran un tratamiento no autorizado a los datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos”, dice la denuncia.
Continúa: “De igual manera, el presidente de la República y sus ministros, al dictar el decreto contrariando la ley (normas arriba mencionadas) incurrieron en el delito de prevaricato, artículo 150 del Código Penal.
Obligar a todas las instituciones públicas que permitan el acceso irrestricto de los datos personales sensibles y de acceso restringido es absolutamente ilegal y claramente delictivo para quienes los requieran y para quienes los entreguen, la cadena criminal que este reglamento inconstitucional sería pavorosa. Un decreto propiciando la delincuencia informática con indecibles propósitos propios de los regímenes totalitarios y del terrorismo de estado”.

FUNCIONARIOS

En la denuncia también se solicita abrir una causa en contra de los funcionarios encargados de la minería de datos.
“Alejandro Ismael Madrigal Rivas y Andrés Villalobos Villalobos, funcionarios públicos que laboran en la Casa Presidencial, desde 18 y 9 meses, han accedido y dado un tratamiento no autorizado a datos personales sensibles y de acceso restringido, protegidos por la ley, acciones delictivas que encuadran en el tipo penal del numeral 196 bis citado”.
“Estos dos sujetos (…) desplegaron conductas injustas e inconstitucionales de acceso, acopio y manipulación de información ilegal de datos personales sensibles y de acceso restringido, obteniéndolos de bases de datos del Poder Ejecutivo y de las instituciones públicas, entre las que podrían encontrarse el Instituto Costarricense sobre Drogas (datos sobre lavado de activos, actividades del narcotráfico y secretos bancario de los ciudadanos), la Tributación Directa (datos bajo secreto tributario), el Banco Central (datos de las personas jurídicas), la Caja Costarricense de Seguro Social (datos sobre salud y pensiones), bancos estatales (cuentas de las personas),  ICE  (datos de llamadas telefónicas), DIS  (datos de seguridad nacional), Sugef (datos sobre deudores), Ministerio de Seguridad Pública (datos sobre seguridad nacional y criminalidad), el OIJ (datos de la temible OPO y del archivo policial)”, agrega el documento en poder de DIARIO EXTRA.

FRENAN TRABAJO

Este domingo, tras la polémica, el presidente Alvarado ordenó frenar el trabajo de la minería de datos.
“He ordenado detener todo trabajo del equipo de análisis de datos, para que la Defensoría de los Habitantes realice su investigación con toda la amplitud necesaria y con el objetivo de evacuar las dudas o preocupaciones que han surgido.
Este equipo fue creado con el objetivo de utilizar la ciencia y la estadística para la toma de decisiones y la creación de políticas en beneficio de los y las ciudadanas. En ningún momento se ha utilizado información con un fin distinto. También le he solicitado a la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara Povedano, que lidere un proceso de trabajo para atender las observaciones en esta materia. Estaré (este lunes) dando un mensaje al país sobre este tema”, dijo por medio de sus redes sociales.