Critican inactividad de fiscala general sobre UPAD

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Nacionales

Reconocidos abogados penalistas
 
Emilia Navas Aparicio, fiscala general de la República.
Para reconocidos expertos en materia penal como Juan Diego Castro Fernández y Rodolfo Brenes Vargas la inactividad la Fiscalía General de la República en relación con el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) deja mucho que desear.
Lo anterior si se toma en cuenta que desde el viernes anterior la prensa nacional y los diputados de la República solicitaron al Ministerio Público abrir una investigación de oficio.
A eso se suma que este domingo Castro presentó una denuncia ante la Fiscalía por los presuntos delitos de violación de datos y prevaricato en contra del propio presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y de los jerarcas firmantes del decreto que dio vida a la UPAD.
Tanto en esa denuncia como en un oficio dirigido a la fiscala general Emilia Navas Aparicio por la experimentada abogada penalista Gloria Navas Montero se instaba al Ministerio Público realizar con urgencia un allanamiento en Zapote en aras de sustraer la información necesaria para indagar el caso.
“La inactividad de parte de la fiscal general (Emilia Navas Aparicio) que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, ella y sus cientos de fiscales y sus cientos de policías judiciales debieron iniciar esta investigación hace ocho días con solo la publicación de ese decreto ilegal”, criticó Castro.
Añadió: “Ella (Emilia Navas) dejó pasar ocho días, evidentemente, toda la información, archivos, documentos desaparecieron. Y este lunes teniendo tiempo porque la denuncia fue puesta a las 9 p.m. y el fiscal de turno sabía, no gestionó nada. Hacer un allanamiento a estas alturas es ridículo. Es muy lamentable”.
De acuerdo con Brenes, la Fiscalía debe actuar parejo en todos los casos.
“La situación con la UPAD es un hecho de clarísimo interés público, que genera una gran preocupación y sin duda alguna debe investigarse. Existiendo ya varias denuncias penales formuladas, lo procedente es que el Ministerio Público actúe con la celeridad del caso para asegurar cualquier información que pueda ser de interés para la investigación, y para establecer si se cometió un delito y quién sería el responsable”, aseveró.
Agregó: “Como ciudadano y como abogado uno lo que espera es que la Fiscalía le dé el mismo trato que a otros casos y que actúe con la misma celeridad con la que ha actuado con otros asuntos. Esto es un tema de interés público, es un tema sumamente delicado, se está manejando información sensible de los costarricenses y lo que esperamos es que se esclarezca lo ocurrido”.
Se debe recordar que la polémica surge cuando el gobierno ordena la creación vía decreto de la UPAD. La idea era que la oficina de minería de datos ubicada en Casa Presidencial tuviera una figura jurídica.
Para su constitución, se disponía al Gobierno central e instituciones autónomas facilitar todo tipo de información, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.
Además, ordenaba la facilitación del acceso a los datos y la información de carácter confidencial de los ciudadanos cuando fuera necesario.
Tal como lo indican los expertos, este lunes apenas el Ministerio Público informó que estudia las denuncias.
“La Fiscalía General confirmó que hoy (este lunes) ingresaron dos denuncias relacionadas con el tema que usted señala en su consulta. La primera ingresó a las 9:25 a.m. y la segunda 10 minutos después.
Ambas denuncias serán remitidas al despacho de la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, para el respectivo análisis y la apertura de la respectiva investigación. De momento es toda la información que tenemos”, informó la oficina de prensa de la Fiscalía.
A DIARIO EXTRA no le respondieron la razón por la que no procedieron con el allanamiento respectivo.
PERIODISTA: Marco Antonio González
 
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Martes 25 Febrero, 2020
 
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