Editorial: Independencia de poderes

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probación de la ley fiscal, rechazan como interferencia el recordatorio de su obligación de aplicarla.

Hace 10 horas

Cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia votaron extemporáneamente un informe sobre un proyecto de ley inexistente, para después comunicar la decisión a la Asamblea Legislativa, estaban conscientes de la intrascendencia jurídica de sus actos, pero enviaban un claro mensaje a los diputados: ningún plan fiscal se convertiría en ley si su texto incluía reformas a los benecios laborales del Poder Judicial. El asunto viene a colación, como ironía, ahora que la Contraloría rechaza el argumento de intromisión esgrimido por la Corte contra la orden de cumplir la misma ley.

El propio magistrado redactor del informe advirtió de su obsolescencia porque la consulta de la Asamblea Legislativa sobre la posible afectación de la independencia y organización del Poder Judicial se hizo a partir de un texto desechado y sustituido. No obstante, el nuevo proyecto contenía disposiciones similares y un pronunciamiento sobre la norma anterior funcionaría como preaviso de la oposición de la Corte, en cuyo caso se necesitarían dos terceras partes de los votos para aprobar la iniciativa en el Congreso.

En aquel momento, una mayoría holgada parecía difícil de lograr, no obstante la crítica urgencia de la situación fiscal. Los diputados debían escoger entre aceptar las pretensiones de la Corte —cuyos integrantes estimaban el pago de más de ocho años de cesantía como condición esencial para la independencia y organización de la justicia— o desafiar a los magistrados y correr el riesgo de precipitar al país por una peligrosa pendiente.

La opinión adelantada por la Corte en condiciones tan anómalas aconsejaba a los legisladores, en la práctica, no afectar las remuneraciones salvo que contaran con una mayoría abrumadora, suficiente para sobreponerse a las objeciones. Los diputados ignoraron el mensaje, aprobaron las reformas por amplia mayoría y la Sala Constitucional aclaró la confusión relativa a las inexistentes repercusiones sobre la independencia y organización del Poder Judicial.

Carlos Ricardo Benavides, entonces jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, no tuvo duda del intento de intromisión en la función legislativa: “La Corte parece querer enviarnos un mensaje: ‘Somos un pequeño y poderoso Estado dentro del Estado costarricense. Somos intocables y, si nos modifican los salarios y los pluses, les anulamos sus leyes’. Si el mensaje fuera ese, Costa Rica debe rechazarlo con firmeza".

El asunto viene a colación, como ironía, ahora que la Contraloría General de la República rechaza el argumento de intromisión esgrimido por la Corte contra la orden de cumplir la misma ley. Los magistrados, tan dispuestos a hacerse sentir durante el proceso de aprobación de la ley, rechazaron como interferencia el recordatorio de su obligación de aplicarla. Este lunes aceptaron hacerlo, pero solo mientras la Sala Constitucional resuelve un recurso presentado por el diputado Pedro Muñoz. Si bien la Contraloría es un órgano auxiliar del Congreso, goza de independencia y está obligada a fiscalizar la Hacienda pública, incluidos los mecanismos de contención del gasto previstos en la reforma fiscal.

“Una orden emanada de la Contraloría General no puede asimilarse a una actuación desplegada por el Poder Legislativo ni, por ende, a una presunta intromisión de poderes, aseveración que, lejos de ser un argumento jurídico y bien hilvanado, luce (sic) más como un distractor del propósito de la Ley 9635 y de los temas relevantes del país y del Poder Judicial, que ameritan discusión seria, análisis y la adopción de medidas tendientes a su ejecución”, escribe la contralora Marta Acosta al rechazar la apelación interpuesta por la Corte a la orden de observar la ley.

“Este despacho no comprende cómo ordenarle al Poder Judicial observar la Ley 9635 sea una amenaza a la independencia del Poder Judicial”, añade la funcionaria con la misma perplejidad del país cuando los magistrados establecieron el vínculo de la cesantía y otros benecios con la administración independiente de la justicia.