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Radar: Lo esencial de un privilegio judicial

Los artilugios y la pirotecnia no deben nublar lo que en el fondo está en juego sobre la posición de la Corte.


Primero, una secuencia en tres actos. 1) El 18 de marzo pasado, la Corte Plena decidió desconocer un elemento central de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y mantener el pago de incentivos a los funcionarios contratados antes de su vigencia como porcentaje del salario, no como monto igual a su último incremento, lo que implica un crecimiento casi exponencial. 2) El 20 de diciembre, la Contraloría, vía un documento suscrito por cuatro funcionarios y dirigido a su presidente, Fernando Cruz, los conminó a él y la Corte a cumplir con la ley. 3) El 6 de enero los magistrados decidieron emprender acciones para anular ese mandato y mantener su decisión.

Los magistrados deberían anular de una vez su decisión inicial y actuar como ciudadanos plenos, no como dioses sordos de un olimpo deslegitimado.


Alrededor de estos hechos han surgido actos pirotécnicos y artilugios argumentales diversos.

 

De la pirotecnia forma parte la indignación del magistrado Cruz por recibir una virtual amenaza de “mandos medios” de la Contraloría. Entre los principales artilugios, alegados por la Corte, están que esos funcionarios no tenían competencia para “dar instrucciones” a su presidente; que lo ordenado es legalmente improcedente y que, para tomar cualquier acción, debe esperarse a que la Sala IV resuelva una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Pedro Muñoz contra el acuerdo del 18 de marzo.

Todo eso será dilucidado en los tribunales. Por ser sus miembros jueces en el tema, debemos confiar en la rectitud de quienes decidan y rogar por que lo hagan con absoluta independencia y rigor.


Sin embargo, nada de lo anterior debe nublar la esencia del caso. Tiene dos partes. La primera, si un componente del Estado —el Poder Judicial, pero también las universidades públicas— está por encima de las leyes y puede aplicarlas a su antojo. La segunda, más importante, si —con independencia de cómo se responda a la primera— es justo, digno, honesto y legítimo que la Corte se desentienda de la suerte del resto de la sociedad y defienda sin rubor privilegios insostenibles y ofensivos.

Mi respuesta a ambas partes es que no. Mi instancia: por elemental decencia, responsabilidad y hasta sentido de supervivencia, los magistrados deberían anular de una vez su decisión inicial y actuar como ciudadanos plenos, no como dioses sordos de un olimpo deslegitimado. ¿Cajita blanca para mí?

Página quince: ¡Basta ya!

Fernando Cruz es la gura antitética de Fernando Coto Albán, quien fue presidente de la Corte entre 1975 y 1983. Jacques Sagot. Hace 8 horas La grotesca zarzuela que están protagonizando los miembros del Poder Judicial me ha traído a la memoria la gura inmensa de Fernando Coto Albán, eminente jurista, quien presidió la Corte Suprema de Justicia entre 1975 y 1983. Era un hombre austero, sencillo, llano y trabajador. Don Fernando era capaz de jornadas laborales de 12 horas y más. Cuando uno pasaba frente a los edificios de la Corte a medianoche, veía, en la absoluta oscuridad del inmueble, una lucecita encendida en una oficina: era la de don Fernando, laborando, solitario e incansable, en su noble ocio. El daño que le están haciendo al país es mucho más que económico: es moral e histórico. Costa Rica no volverá jamás a tener del Poder Judicial el alto concepto que alguna vez tuvo.

Era sobrio: siempre manejó un Chevy Nova blanco. Él mismo lo conducía: no necesitaba chofer. No alimentaba veleidades de prima donna jurídica, de vedette mediática, de rey o emperador. Más aún: detestaba toda forma de figuración y era alérgico a la abyecta pasarela de los escandalillos públicos. Todo funcionario que se hace conducir por un chofer y se sienta atrás para inigirle a su conductor su superioridad social y jerárquica es un papanatas. Los he conocido por centenares: la Cancillería, durante la administración Solís, nos ofreció muchos ejemplos de estos importantizados personajillos de vodevil. Gentecilla obnubilada, encandilada por su súbito —y puramente simbólico— poder. Fernando Coto Albán estaba hecho de otra madera humana. Esos fueron alguna vez los grandes hidalgos que guiaron los destinos de la patria. Ya no los tenemos con nosotros.

La especie se extinguió en décadas recientes. Antítesis. En el otro extremo de la ética y del respeto a la ley, tenemos a Fernando Cruz y los caballeros de su mesa redonda amenazando con ignorar las normativas de la Contraloría y seguir aferrados con uñas y colmillos a sus privilegios salariales.

El desacato bien podría calificar como causal de despido o de renuncia, si tuviesen algo de dignidad. La primera Constitución —en el sentido moderno del término— de la que guardamos memoria fue la carta magna redactada en 1215, en Inglaterra, por un grupo de nobles ilustrados cuya pretensión fue poner freno a la desaforada dispendiosidad del rey Juan sin Tierra, quien, precisamente por no contar con un reino geográficamente determinable, suplía esta falencia autorrecetándose sumas inimaginables, que obtenía gravando pesadamente los ingresos de los nobles, los incipientes burgueses y los pobres vasallos, hijos de la tierra, cuyos exiguos ingresos eran obtenidos vendiendo su fuerza de trabajo como agricultores. Esta carta magna contemplaba ya la creación de una contraloría.

La contraloría era, y sigue siendo, un instrumento, una herramienta, un brazo, una continuación orgánica del Parlamento. Es la encargada de administrar las finanzas del Estado, el dinero público, el cumplimiento de las disposiciones presupuestales estipuladas por el gobierno. Las nociones de Constitución y contraloría se fortalecieron durante la primera mitad del siglo XVII, cuando Oliver Cromwell lideró la primera revolución burguesa de la historia, la cual fracasó por la simple razón de que no le había aún llegado su tiempo de fruición social. La Revolución francesa consolidó de manera definitiva ambas instituciones: la Constitución y la contraloría; la segunda, como decía, operando como un brazo administrativo, no jurídico, de la primera. Hoy por hoy, la contraloría recibe en Francia el nombre de Cour des Comptes, esto es, Corte de Cuentas.

 

Proyecto audiovisual del Ministerio Público busca acercar la justicia a ciudadanía

  • Gracias a trabajo conjunto con Universidad Latina
  • Instituciones se unieron para producir videos explicativos sobre trámites, dudas frecuentes y el proceso penal.
  • Observe el primer video en este enlace.

09 de enero del 2020. Cámaras, un estudio de video, equipo técnico y una plataforma completa de producción audiovisual se conjugan como parte del nuevo proyecto de la Fiscalía General de la República y la Oficina de Prensa de la institución, que es un esfuerzo más por acercar sus servicios a la ciudadanía y procurar mayor acceso a la justicia.

Se trata de una colaboración de la Universidad Latina de Costa Rica que permitirá producir de forma gratuita una serie de videos explicativos, en los que, con la ayuda de personas expertas, se buscará aclarar dudas frecuentes, explicar trámites que se deben realizar ante el Ministerio Público y hacer más comprensible el proceso penal.

Sala Constitucional invita a personas funcionarias judiciales a publicar en revista electrónica

La Sala Constitucional, garante de la dignidad, los derechos y libertad de las personas, convoca formalmente a las funcionarias y funcionarios del Poder Judicial a  enviar artículos para ser publicados en la segunda edición de  La Revista de la Sala Constitucional Corte Suprema de Justicia, la cual se publicará en el segundo semestre del año.

Como requisito, los textos deben enfocarse en temas relacionados con Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

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