Noticias Judiciales

Magistradas Sandra Zúñiga Morales y Damaris Vargas Vásquez reciben juramento

  • Durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa.

 Con el compromiso de contribuir con la labor de administración de justicia y la Patria, las magistradas Sandra Zúñiga Morales y Damaris Vargas Vásquez recibieron el juramento en el Congreso.

 La juramentación estuvo a cargo del Presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, durante la sesión extraordinaria del plenario de este jueves 16 de enero de 2020.

 Zúñiga Morales y Vargas Vásquez desempeñarán las funciones en la Sala de Casación Penal y la Sala Primera, respectivamente, por un período de ocho años.

Magistrado Gerardo Rubén Alfaro coordinará Justicia Restaurativa

La Dirección del Programa de Justicia Restaurativa estará bajo la coordinación del magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas.

 

La designación de estas funciones se conocieron este lunes 13 de enero, durante la sesión ordinaria de Corte Plena.

“Si usted cae 100 veces tiene que levantarse 101”

Fiorella Montero Núñez, labora en el Juzgado de Niñez y Adolescencia de San José

  • Servidora judicial destaca en el Judo a nivel nacional e internacional.
  • Actualmente domina su categoría a nivel nacional en los 57 kilos.

Lo que comenzó como una estrategia para defenderse de la delincuencia, terminó en una pasión que le ha deparado muchas alegrías… alegrías que han venido acompañadas de medallas y experiencias a nivel nacional e internacional que la catapultaron como una de las mejores en su deporte.

Se trata de Fiorella Montero Núñez, técnica judicial del Juzgado de Niñez y Adolescencia de San José, quien sobresale no solo por su trabajo en la institución, sino por los éxitos que le han acompañado en su carrera deportiva, en un deporte no tradicional en nuestro país, como lo es el judo.

Radar: Lo esencial de un privilegio judicial

Los artilugios y la pirotecnia no deben nublar lo que en el fondo está en juego sobre la posición de la Corte.


Primero, una secuencia en tres actos. 1) El 18 de marzo pasado, la Corte Plena decidió desconocer un elemento central de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y mantener el pago de incentivos a los funcionarios contratados antes de su vigencia como porcentaje del salario, no como monto igual a su último incremento, lo que implica un crecimiento casi exponencial. 2) El 20 de diciembre, la Contraloría, vía un documento suscrito por cuatro funcionarios y dirigido a su presidente, Fernando Cruz, los conminó a él y la Corte a cumplir con la ley. 3) El 6 de enero los magistrados decidieron emprender acciones para anular ese mandato y mantener su decisión.

Los magistrados deberían anular de una vez su decisión inicial y actuar como ciudadanos plenos, no como dioses sordos de un olimpo deslegitimado.


Alrededor de estos hechos han surgido actos pirotécnicos y artilugios argumentales diversos.

 

De la pirotecnia forma parte la indignación del magistrado Cruz por recibir una virtual amenaza de “mandos medios” de la Contraloría. Entre los principales artilugios, alegados por la Corte, están que esos funcionarios no tenían competencia para “dar instrucciones” a su presidente; que lo ordenado es legalmente improcedente y que, para tomar cualquier acción, debe esperarse a que la Sala IV resuelva una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Pedro Muñoz contra el acuerdo del 18 de marzo.

Todo eso será dilucidado en los tribunales. Por ser sus miembros jueces en el tema, debemos confiar en la rectitud de quienes decidan y rogar por que lo hagan con absoluta independencia y rigor.


Sin embargo, nada de lo anterior debe nublar la esencia del caso. Tiene dos partes. La primera, si un componente del Estado —el Poder Judicial, pero también las universidades públicas— está por encima de las leyes y puede aplicarlas a su antojo. La segunda, más importante, si —con independencia de cómo se responda a la primera— es justo, digno, honesto y legítimo que la Corte se desentienda de la suerte del resto de la sociedad y defienda sin rubor privilegios insostenibles y ofensivos.

Mi respuesta a ambas partes es que no. Mi instancia: por elemental decencia, responsabilidad y hasta sentido de supervivencia, los magistrados deberían anular de una vez su decisión inicial y actuar como ciudadanos plenos, no como dioses sordos de un olimpo deslegitimado. ¿Cajita blanca para mí?

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