Noticias Judiciales

Aspirantes a Sala IV responden sobre matrimonio gay

6 de noviembre de 2018

Nacionales

En Asamblea Legislativa

En total se recibieron a cuatro candidatos; José Joaquín Alvarado Acuña, Roy Antonio Badilla Rojas y Álvaro Antonio Burgos Mata, todos funcionarios del Poder Judicial, así como al litigante Carlos Alberto Bolaños Céspedes. A cada aspirante se le dio 10 minutos para su presentación y luego tuvieron que responder preguntas de los diputados.
Una de las preguntas recurrentes de los diputados fue la opinión sobre el matrimonio igualitario.
Las audiencias iniciaron con Alvarado Acuña, quien tiene casi 25 años de laborar en la Sala IV como letrado.
En su exposición resaltó que él no ha cruzado el Atlántico para capacitarse y que su conocimiento lo tiene de sus estudios dentro del país.
“Una de las primeras formas de corrupción para mí es ofrecerse como candidato para un puesto al que no se está capacitado”, apuntó.
Acuña resaltó que la Sala IV debe reestructurarse, ya que tener que conocer hasta 17 mil expedientes por año es demasiado.
El diputado socialcristiano, Rodolfo Peña le consultó sobre su parecer al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Acuña respondió que el tema se pudo resolver por otras vías, como por ejemplo creando sociedades de convivencia, otorgando el derecho a las parejas, sin generar “tanta roncha social”.
También le preguntaron si estaría anuente a renunciar al incentivo gerencial que reciben los magistrados, al carro, al chofer y otros incentivos, a lo cual respondió que sí.
El segundo en responder fue Roy Antonio Badilla Rojas, quien tiene 27 años de labor en el Poder Judicial.
Badilla es no vidente, y dejó claro que su condición no ha sido factor para poder desempeñar en igualdad de condiciones con sus compañeros.
Expresó que están ante un momento histórico importante para poder aplicar un cambio de timón de las personas que forman la cúpula del Poder Judicial.
Ante consultas de la liberacionista Ana Lucía Delgado, señaló que para hacer ese cambio es importante blindar que la administración de justicia debe estar separada de los vínculos políticos para que no la influencien.
Sobre el tema del matrimonio igualitario, Badilla dijo que estas personas no se les puede negar derechos por tener gustos diferentes.
Cree que el criterio que ya emitió la Sala IV fue razonado, pero que la serie de implicaciones legales que esto conlleva no debería solucionarlo el Tribunal Constitucional, sino en este caso el parlamento. No obstante, dice, que el plazo de 18 meses debe ser más que suficiente para una adecuada discusión y regulación legal del tema.
 
TRIBUNALES DE AMPARO
 
El tercer candidato fue Carlos Alberto Bolaños Céspedes, quien es jubilado del Poder Judicial, donde laboró por 33 años. Ahí ejerció como juez agrario, pero, además, trabajó como abogado litigante y es especialista en derecho social y constitucional.
Precisamente señaló que la Sala IV requiere un perfil distinto que le dé equilibrio desde la visión del derecho social.
Una de las consultas de los legisladores fue sobre el tema de la mora judicial y la recarga de la Sala.
Al igual que el candidato Alvarado, Bolaños cree que una opción sería implementar tribunales de amparo, considerando que un 60% de los recursos son amparos.
También señaló que estaría dispuesto a renunciar al pago gerencial. “No iría al Poder Judicial a servirme, sí renunciaría”, expresó tras la insistencia del diputado Peña. 
El último en la entrevista fue el juez penal juvenil y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) Álvaro Burgos Mata.
Burgos hizo reseña de su amplio currículum, donde recordó que él es fruto de la educación pública del país. Dijo que él nunca tuvo que pagar un cinco por su educación gracias a las becas. Tiene 28 años de trabajar en el Poder Judicial, es especialista en derecho penal y constitucional.
“Nadie tiene la nota que tengo yo, que es de 99,9% en todos los escalafones del Poder Judicial. Estoy aquí para un puesto para el cual me he preparado toda mi vida”, apuntó.
No obstante, recalcó que él no cree en la “titulitis” y que la inteligencia no se mide por papeles, agregó que sus estudios en psicología criminal y forense es parte de su preparación adicional para este cargo.
Burgos no quiso responder sobre qué cambios haría en las leyes tras la última huelga nacional, ya que eso les toca a los diputados. 
Sobre los desafíos de la Sala IV, recalcó el tema de la mora judicial, la resolución efectiva, los intereses difusos que se presentan, hay mucho qué hacer.
Llamó la atención en la audiencia de la presencia del garante ético del gobierno, el exmagistrado José Manuel Arroyo, quien tomó nota de lo dicho por los candidatos.
Los diputados continuarán el jueves con más de los 18 candidatos que deben entrevistar.

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/374473/aspirantes-a-sala-iv-responden-sobre-matrimonio-gay

 

Improcedencia de consultas de constitucionalidad

 
6 de noviembre de 2018


COLUMNISTAS


La Sala solo tendría que analizar una de las consultas sobre la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el resto debería rechazarlas.
Rubén Hernández Valle.

 

De las consultas enviadas a la Sala Constitucional sobre la reforma fiscal, la primera, suscrita por 14 diputados, se refiere, exclusivamente, al fondo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y cuestiona específicamente cinco aspectos.
La segunda no solicita ninguna declaratoria de inconstitucionalidad. Pide a la Sala decir que las normas impugnadas en la primera consulta son constitucionales. Esta, posiblemente, será rechazada sin entrar a conocerla por el fondo porque, procesalmente, no es de recibo.
La voluntad del legislador fue inequívoca: la consulta debe resolverse dentro del mes a partir del momento cuando la Sala tuvo a su disposición el expediente legislativo, sin posibilidad alguna de prórroga
El artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción dispone que “la consulta deberá formularse en memorial razonado, con expresión de los aspectos cuestionados del proyecto, así como de los motivos por los cuales se tuvieren dudas u objeciones sobre su constitucionalidad”.
Su texto se limita a solicitar a la Sala que declare que el proyecto es constitucionalmente válido y que, por tanto, las objeciones de la Corte Plena deben rechazarse. Esta no es la materia de una nueva consulta legislativa de constitucionalidad, sino más bien de una coadyuvancia pasiva.
La tercera cuestiona el procedimiento de aprobación del proyecto. También deberá ser rechazada porque repite varias firmas contenidas en la primera consulta y, si se le restan tales firmas, no alcanza el número mínimo de diez diputados para que sea admitida a trámite. Las firmas no se pueden repetir en las consultas de constitucionalidad pues ello constituiría un fraude de ley.
Entiendo que, además, se presentó algunas horas después de que la Sala recibió oficialmente el expediente de la Asamblea Legislativa. Es decir, fuera de tiempo. Si no existe límite, un grupo de diputados podría guardarse una consulta y presentarla cuatro o cinco días antes de que venza el plazo para resolver la primera planteada y, entonces, se ampliaría el tiempo de resolución de la Sala por un mes adicional.
La voluntad del legislador fue inequívoca: la consulta debe resolverse dentro del mes a partir del momento cuando la Sala tuvo a su disposición el expediente legislativo, sin posibilidad alguna de prórroga. Por esa misma razón no proceden las ampliaciones de las consultas, pues ello impediría a la Sala fallar dentro del plazo improrrogable que le fija el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (vea voto 9469- 2007).
Improcedente. Se habla de la posibilidad de que la Corte Plena plantee una consulta por supuestas violaciones al procedimiento. De llegar a suceder, tampoco procedería, dado que el inciso c del artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional no lo autoriza al disponer que “cuando lo soliciten la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones o la Contraloría General de la República, si se tratare de proyectos de ley o de mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional” .
Obsérvese que la norma solo permite la consulta, en esos casos, cuando la institución afectada considere que el proyecto de ley, o algunas mociones incorporadas a él, ya sea en su tramitación, contenido o efectos, han ignorado los principios o normas relativas a su competencia constitucional. En otras palabras, la consulta solo procedería por el fondo, no por supuestos vicios de procedimiento. En todo caso, el plazo para presentar nuevas consultas constitucionales está cerrado.
Aunque el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que “la Sala evacuará la consulta dentro del mes siguiente a su recibo, y, al hacerlo, dictaminará sobre los aspectos y motivos consultados o sobre cualesquiera otros que considere relevantes desde el punto de vista constitucional”, lo cierto es que la jurisprudencia de los últimos años, como lo fue durante sus primeros años de existencia, ha interpretado que la Sala no puede pronunciarse sobre asuntos no cuestionados en las consultas.
Por tanto, dado que en la primera, la única que la Sala tendrá que analizar, no se alegaron vicios de procedimiento, la cuestión no será objeto del dictamen que rinda nuestro máximo órgano contralor de constitucionalidad sobre el proyecto de fortalecimiento fiscal.
El autor es abogado constitucionalista.

https://www.nacion.com/opinion/columnistas/improcedencia-de-consultas-de-constitucionalidad/SZDZNXFPP5HHTOAD3MPENL42EY/story/

 

Óscar Arias afirma que Fiscalía usó 'pruebas diabólicas’ al acusarlo por caso Crucitas


 
6 de noviembre de 2018


JUDICIALES

 

Expresidente presenta recurso de amparo pidiendo que investigación sea devuelta a fase preliminar y que no se acumule con la causa del exministro de Ambiente Roberto Dobles
Carlos Arguedas C..

El expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, afirmó que el Ministerio Público usó “pruebas diabólicas” durante la investigación y la posterior acusación en el denominado caso Crucitas, en el cual se le atribuye el delito de prevaricato.
La manifestación consta en un recurso de amparo que los abogados del exmandatario, Rodolfo Brenes Mora y Francisco Castillo González, presentaron el pasado 26 de setiembre, en el cual piden a los magistrados constitucionales que dicha investigación sea devuelta a su etapa preliminar, pues alegan que se violaron los derechos fundamentales del expresidente.
Asimismo, solicitan que se ordene al Ministerio Público abtenerse de pedir la acumulación del expediente en el cual figura como imputado Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010) con otro expediente que se tramita por el mismo asunto, que es contra el exministro de Ambiente, Roberto Dobles Mora y otras seis personas.
 “La hipótesis acusatoria plantea un escenario de prueba negativa, también conocida como prueba diabólica. ¿Cómo probar que don Óscar Arias no tenía conocimiento de la ilegalidad de los actos acusados como prevaricato? Tal cosa es prácticamente imposible, propia de un proceso inquisitivo y no de uno acusatorio de corte garantista”, se afirma en el recurso que actualmente está en estudio de admisibilidad en la Sala Constitucional.
"Formulamos el recurso de amparo porque consideramos que se han producido violaciones muy graves a los derechos constitucionales y al principio del debido proceso.
“El Ministerio Público no cumplió con sus deberes en beneficio de la acción penal. No llevó adelante una investigación profunda y a conciencia, sino una investigación muy superficial en la que ni siquiera entrevistó a testigos fundamentales del caso”, manifestó Rodolfo Brenes, uno de los abogados del exmandatario.
En tanto, la Fiscalía General de la República, consultada sobre el mencionado amparo, comunicó que, "por política institucional, no se acostumbra a hacer comentarios respecto a las manifestaciones públicas o gestiones ante otras instancias que haga cualquier persona que figure como imputada en un caso penal.
“La Fiscalía General reitera que en todas las diligencias o gestiones que formula el Ministerio Público, en cualquiera que sea el caso, la institución se basa en objetividad y pruebas que permiten arribar a la probabilidad de que el hecho investigado se cometió, que constituye un delito y que la persona que figura como imputada es la responsable”.
Historia del caso
El caso Crucitas tiene que ver con una mina a cielo abierto que se iba a desarrollar en Cutris de San Carlos y estaba en manos de la empresa canadiense Industrias Infinito.
En esa oportunidad se alegó que la explotación de oro traería “varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el Gobierno Central”. Así consta en el decreto presidencial Nº. 34801-MINAET firmado por el entonces presidente Óscar Arias Sánchez.
Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó anular la concesión a finales de noviembre del 2010.
Desde sus inicios, el plan enfrentó muchas objecciones y supuestas anomalías de procedimiento y por tal razón en el 2008 se abrió una investigación penal en el expediente 08-0000-11-0033-PE.
Sin embargo, debido a que en el 2011 se mencionó una presunta donación de parte de Industrias Infinito a la Fundación Arias para la Paz, el Ministerio Público decidió hacer un testimonio de piezas y abrir un segundo expediente, el 12-000124-621-PE, en el cual se investigó únicamente a Óscar Arias.
Empero, esta pesquisa fue desestimada el 16 de setiembre del 2014, lo que significa que se archivó de manera momentánea esperando la posibilidad de que surjan pruebas nuevas.
En tanto, el primer expediente en la cual estaban imputados Roberto Dobles y otras seis personas de apellidos Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla, siguió el trámite y fue a juicio en el 2015.
En ese debate se condenó a Dobles por el delito de prevaricato y se absolvió a los otros implicados. Empero, luego de impugnaciones, un Tribunal de Apelación de Sentencia ordenó un nuevo debate, pero en setiembre del 2017, cuando se iba a realizar el nuevo juicio, el Tribunal Penal de Hacienda devolvió aún más el proceso, hasta su etapa inicial, tras considerar que primero era necesario analizar si el expresidente Arias debía o no, ser acusado.
El 20 de octubre del año anterior, la Fiscala General de la República Emilia Navas Aparicio solicitó la reapertura de la investigación contra Arias, alegando que no se habían agotando todos los medios de investigación correspondientes. Es así como el expresidente es indagado el 8 de noviembre del 2017.
Nueve meses después, el pasado 22 de agosto, la fiscala Navas presentó la acusación contra Óscar Arias por un aparente delito de prevaricato, el cual él habría cometido en octubre del 2008, cuando firmó el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas.
Para la Fiscalía, con su firma en ese decreto, Arias habría dictado una resolución basada en hechos falsos, lo cual es sancionado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel.
Presuntos atropellos
En el recurso de amparo, presentado por Rodolfo Brenes y Francisco Castillo, se argumentó que el Ministerio Público durante la investigación preparatoria “violó los derechos constitucionales y legales de don Óscar Arias Sánchez”, entre otros aspectos porque no se entrevistó a testigos, a pesar de que la representación legal de Arias pidió expresamente que lo hicieran.
“El fiscal encargado de investigar este delito no puede incumplir sus deberes y obviar las entrevistas de estos testigos, especialmente si había anunciado su interés en sus testimonios, si la defensa expresamente pidió que los identificara y los entrevistara, y sí terminó incluyéndolos en su lista de testigos de cargo, como en efecto sucedió”, aseguraron los abogados.
También argumentaron que el Ministerio Público no emitió ningún requerimiento conclusivo, ni se refirió a la situación jurídica planteada con respecto a la donación a la Fundación Arias.
“Aquí estamos ante una de dos cosas: O bien la Fiscalía le imputó ilegalmente a don Óscar la comisión de un delito, lo que sería gravísimo; o bien incumplió flagrantemente con sus deberes de investigar la comisión de un delito por el que intimó e indagó a una persona”, se precisó en el documento.
Sobre el tema de integrar los dos expedientes, Rodolfo Brenes manifestó: "hacer un juicio juntando los dos expedientes sería un atropello monumental a los derechos de don Óscar Arias, pues aunque los dos procesos tienen un origen común, después han seguido un trámite completamente diferente. En el caso de Roberto Dobles hubo audiencia preliminar, juicio, sentencia de primera instancia, apelación y se ordenó repetir el juicio.
“No puede usted, por arte de magia, agarrar a don Óscar y meterlo en ese proceso (...) sería una violación muy grave a sus derechos constitucionales y una cosa que no se ha visto nunca en la historia judicial de este país”.


https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/oscar-arias-afirma-que-fiscalia-uso-pruebas/WPQOGAJPDRARJDGZWA62MXJFBI/story/

 

Piden a Sala IV detener aumentazo

 6 de noviembre de 2018


Nacionales

  • En pasajes a San Pedro


Carolina Ramos, Laura Arguedas y Marcela Sánchez presentaron el recurso a nombre de las comunidades
Los vecinos de San Pedro siguen en su lucha por evitar un aumentazo en la tarifa del pasaje de autobús y por eso ahora recurrieron a la Sala Constitucional para pedir a los magistrados que frenen ese ajuste que los afectará.
Según la propuesta de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), los lugareños deberían pagar ¢400 para viajar desde sus comunidades hasta San José o viceversa.
Eso significa un incremento de ¢120 por viaje y es lo que los quieren frenar, ya que lo consideran injusto y desmedido pues la gente que se moviliza en autobús es la clase trabajadora, que no tiene vehículo propio.
“Venimos a pedir la suspensión de la audiencia pública que está convocada por la Aresep, hemos venido recabando la información por la que consideramos el aumento es injusto y nos parece que hay un proceso viciado”, comentó Marcela Sánchez, líder comunal.
Justamente esta audiencia se realizará hoy a las 5:30 p.m. en el Liceo Vargas Calvo, para que se realice un debate.
La principal molestia de los vecinos se da en el sentido de que previo a esta reunión ya la Aresep y Cesmag, empresa que brinda el servicio, llegaron a un acuerdo que permitió evitar un proceso judicial, lo que es una señal de que podría haber un vicio en el procedimiento.
“La audiencia pública no tiene razón de ser en el sentido de que nuestra participación u oposición a la tarifa no tiene vinculancia porque ya hay un contrato de transacción entre ellos, estamos en un estado de indefensión”, agregó.
Adicional a esto piden que sea la Aresep la que haga el estudio de demanda para verificar cuáles son los resultados y no se base en uno que la propia empresa autobusera pagó a hacer.
La situación se da justamente porque ese estudio que se usa de base determina que hay una baja del 24% de la demanda y eso provoca el aumento del 43% en el precio de la tarifa.
Esta es una nueva instancia luego de la oposición ya expresada en la sesión informativa que realizó la Aresep y la protesta realizada días atrás en San Pedro para pedir que este aumento no ocurra.
Ahora la situación queda en manos de la Sala Constitucional para conocer si se suspende la audiencia pública o bien si se da y no se puede frenar el aumento que sugiere la Aresep apegado al modelo tarifario que rige.
PERIODISTA: Jarmon Noguera González
 
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/374469/piden-a-sala-iv--detener-aumentazo

 

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