Noticias Judiciales

La crisis judicial: ¿normalidad de lo anormal?


DIÁLOGOS SOBRE JUSTICIA / Rolando Vega Robert


En los últimos días, DIARIO EXTRA ha venido publicando interesantes entrevistas realizadas al Presidente de la Corte y a varios magistrados que integran ese órgano de gobierno judicial. En la última de dichas entrevistas, que se publicó el viernes pasado, el jerarca de la Corte afirmó abiertamente: “estamos en una crisis”.

Sin temor a equivocarme, es la primera vez que un Presidente de la Corte tiene la valentía y la sensatez de encarar al pueblo y hacer una afirmación de ese calibre, aunque fuera un secreto a voces en la opinión pública. Lo celebro de manera efusiva, porque me parece que es el principio de un proceso de aceptación a la autocrítica y a la reflexión a lo interno del Poder Judicial. En lo personal, he esperado con ansias esa actitud desde hace muchos años.
Cuando tuve el honor de ejercer la magistratura durante casi catorce años, hice la misma afirmación muchas veces en la Corte Plena. Pero en aquellos momentos expresar que el Poder Judicial estaba en crisis, era casi motivo de linchamiento en la Plaza de la Justicia. Obviamente, una posición autocrítica desde la propia magistratura no era bien recibida y la respuesta era el silencio total, o simplemente la negación absoluta a la realidad. Era preferible vivir de tiempos pasados como si fueran presentes.

Por esa razón, al hacer eco de las declaraciones del Magistrado Presidente, don Carlos Chinchilla Sandí, me parece muy importante dimensionar históricamente la crisis del Poder Judicial. Desde mi punto de vista, los acontecimientos de los últimos meses a raíz del caso del Cementazo, simplemente evidenciaron de forma más pública y visible algunas de las debilidades que han venido ocurriendo en el Poder Judicial desde hace bastantes años. Algunas más graves que otras.

Desde esa perspectiva, pienso que, ante todo, debemos dimensionar los alcances del concepto o definición de lo que significa la palabra crisis para poder proyectarla a la realidad del Poder Judicial. Cuando se habla de crisis institucional, significa que se está en presencia de cambios profundos en la realidad y de consecuencias negativas importantes. Se alude a síntomas o patologías de “enfermedades” que se intensifican y que pueden llegar a afectar de forma muy sensible a una organización.

Siguiendo esa línea conceptual, sostener la afirmación de que existe crisis en el Poder Judicial implica tener que hacer precisiones sobre sus causas, manifestaciones y alcances. El abordaje no es fácil, por supuesto. Estamos frente a una organización grande y compleja, integrada por casi 15 mil servidores y por muchos órganos que tienen su propia estructura, funcionamiento y con jerarquías desconcentradas. Por ejemplo, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial.

Considero que, para poder profundizar en el análisis y estudio de la crisis judicial, al menos debemos partir de dos vertientes básicas que engloban una importante cantidad de problemas o situaciones de hecho. Por una parte, el tema del gobierno y administración; y por el otro lado, todo lo relacionado con la calidad de los servicios de justicia que se le brindan a la ciudadanía y que se caracterizan en general, por una mala gestión y tiempos de respuesta exagerados.

En las próximas columnas, entraremos al análisis puntual de esos temas que implica tener que hablar de la ineficiencia de la Corte; del trabajo cotidiano de los magistrados; de las elecciones internas para las presidencias y jefaturas de los distintos órganos; de las luchas de poder internas regidas por mucha mezquindad; de la falta de humildad en muchos servidores judiciales; de la pérdida del señorío y del sentido de pertenencia institucional; de la corrupción galopante; del tráfico de influencias; de los nombramientos a la magistratura; de la ausencia todavía de un sistema de evaluación del desempeño para los servidores; de la poca tolerancia a la autocrítica; de la falta de capacidad para el trabajo en equipo; del problema de algunos disvalores en la cultura institucional; de la cantidad de proyectos y de fondos gastados sin resultados concretos; de los graves problemas de planificación y planes estratégicos de puro papel; de los elementos distractores de las verdaderas responsabilidades como los viajes sin interés institucional real, en fin… de una cantidad importante de temas que mucho más allá de los últimos acontecimientos, han formado parte de una realidad histórica que ahora por fin se reconoce como “crisis judicial”.

Muchos de los temas señalados son añejos. Ha existido, por consiguiente, una crisis oculta. Muchos de esos hechos, totalmente anormales, se han visto institucionalmente como normales. Ese es el fenómeno de la normalidad de lo anormal que es muy común en las organizaciones que viven en estado de negación absoluta de su realidad y con patologías avanzadas y pretendidamente ignoradas.

Pero hay que rescatar hoy una luz de esperanza con la apertura y la autocrítica que nos anuncian los señores magistrados del Poder Judicial. Ello debe ser motivo de alegría en estos momentos históricos en los que en nuestro país cuesta creer en algo. Definitivamente, hay que apoyar esos esfuerzos institucionales en los que la ciudadanía debe estar muy presente y participativa. Continuaremos con el tema, Dios mediante, la próxima semana.
Como siempre, muchas gracias por ser parte de estos “Diálogos sobre Justicia”.
 
* Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
Socio Fundador de Decálogo Abogados
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Administración de Corte en mora por estudio actuarial


Denuncian sindicatos judiciales

El Sindicato de la Judicatura de Costa Rica (Sindijud) denuncia que el Consejo Superior de la Corte y la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial están en mora con la contratación para un nuevo estudio actuarial del régimen de pensiones de ese poder de la República.

De acuerdo con Jorge Morales, secretario general de Sindijud, la ley establece que cada dos años se debe realizar un estudio actuarial para conocer la estabilidad del fondo.

“Si el anterior se hizo a diciembre del 2017, antes de esa fecha tuvo que haber arrancado los trámites para que ya sea por medio de un convenio o de una contratación administrativa, vencido el plazo ya la empresa esté contratada y ejerciendo sus labores técnicas para rendir el informe”, indicó Morales.

El problema según los sindicatos es que a la fecha ya el plazo se venció y el proceso de contratación ni siquiera ha iniciado.
 
PROCESO
 
Mediante un comunicado de prensa, las autoridades de la Corte respondieron los señalamientos de los sindicatos.

Ahí se indica que el proceso para un nuevo informe ya se analiza, aunque no dan detalles de los plazos.

“El Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva deben velar por que la nueva valuación actuarial se realice de manera objetiva, transparente y con rigor técnico. La participación gremial se dará mediante la integración de un equipo contraparte donde contarán con representantes, tal y como se hizo durante el desarrollo del estudio realizado por el IICE”, explicó la directora ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins.
 
CAMBIO
 
Otra inquietud que mantienen los gremios es que exista alternabilidad y criterios diferentes en los estudios.

Por eso hacen un llamado para que en este nuevo estudio lo realicen los expertos de la Universidad Nacional (UNA).

Hay que recordar que el último estudio actuarial lo realizó el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual recibió críticas de los sindicatos judiciales aduciendo que algunas de sus conclusiones no tomaron en cuenta datos completos del fondo.
“Ciertamente sí nos quedó una duda en cuanto al IICE. Sabemos que los actuarios disponibles son muy pocos y sabemos que la UCR contrató actuarios externos que a la vez tenían cargos en juntas directivas de operadores de pensiones privados y eso para nosotros es un problema, porque hay un doble sombrero por las suspicacias que genera esto”, comentó Morales.

También denunciaron que ellos promovieron una reunión en octubre pasado con el rector de la UNA, pero las autoridades judiciales lo dejaron plantado.

Reconocen que un nuevo estudio indicará problemas, más aún que no se han aplicado reformas, mismas que aún siguen en análisis en la Sala IV, luego de que los diputados llevaron el proyecto aprobado en primer debate a consulta.

En su momento los actuarios de la UCR indicaron que el régimen del Poder Judicial tiene un déficit de ¢5,3 billones.
 
JORGE MORALES
Secretario general Sindijud
 
“Desde nuestra perspectiva la administración ya está en mora y eso es algo que lo ha reclamado muchas veces la Superintendencia de Pensiones a la Corte, y por eso es que la administración es deficiente y por eso se quiere quitar el manejo del fondo al Consejo Superior, porque no son ágiles”.

 

Jurisdicción agraria profundiza en aplicación efectiva de reforma procesal


Jueces y juezas, defensoras y defensores públicos de la materia agraria, así como letrados y letradas de la Sala Primera, recibieron durante dos días un taller intensivo que les permitirá la aplicación eficiente y eficaz supletoria de la Reforma Procesal Laboral en los procesos agrarios.
Se trata del taller de proceso de concertación para una aplicación de manera normalizada o estandarizada y supletoriamente la normativa procesal laboral.
“Estos encuentros representan la unión que debe darse entre las personas que administran justicia y los demás ámbitos como son la Defensa Pública, la Fiscalía y personal técnico. Logramos obtener metas, directrices y productos, a fin de ponerlos en práctica en lo que es factible y respetando la independencia de todos los juzgadores y juzgadoras a nivel nacional.  La jurisdicción agraria tiene una competencia territorial a nivel nacional y es importante que tengamos una visión y una meta en conjunto.”; señaló la magistrada Carmenmaría Escoto Fernández, coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Agraria.

Esquema sistemático de la Reforma Procesal Laboral y normas conexas

Publicado por el juez Jorge Olaso Álvarez


Inspirado en una frase célebre del legendario físico Albert Einstein: “La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre”, describe en sus primeras páginas la nueva publicación del juez Jorge Olaso Álvarez, denominada “Esquema sistemático de la reforma procesal laboral y normas conexas”.
“El pensamiento humano por naturaleza se vincula con varias estructuras del entendimiento, lo cual nos permite efectuar relaciones con varias ramas del conocimiento. En el caso de las personas juzgadoras estas ramificaciones deben de realizarse en función de las normativas con las que estas desarrollan su labor. Bajo esta perspectiva, el texto pretende ser una guía para efectuar estas vinculaciones entre el derecho procesal laboral, el procesal civil y el proceso contencioso administrativo, para que las juezas y los jueces enfrenten el reto de aplicar nuevas normativas “, afirmó el autor Olaso Álvarez.
 “Lo que se busca básicamente es que la persona juzgadora en esta medida tenga una aplicación o un texto virtual que pueda acceder desde una computadora, teléfono o cualquier otro dispositivo electrónico,  y con ello desarrollar cada uno de los lineamientos de la Reforma Procesal Laboral junto  a la Reforma Procesal Civil y normas conexas”, agregó Álvarez.

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Correo electrónico : prensa@poder-judicial.go.cr 

Teléfono: 2295-4334

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