Justicia debe facilitar llamadas internacionales de reos extranjeros por orden de Sala IV

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El Ministerio de Justicia tiene seis meses para encontrar “un servicio alternativo” que facilite las llamadas internacionales de los reos en la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

Así respondió la Sala Constitucional a dos recursos de amparo, en los que sugirió que el centro penal brinde llamadas por internet para que los privados de libertad se comuniquen afuera del país.

Un preso colombiano, de apellidos Rojas López, alegó que los teléfonos públicos de su pabellón no cuentan con el servicio de llamadas por cobrar para el extranjero.

Además, una tarjeta telefónica de ¢1.000 solo le alcanza para una llamada internacional de cinco minutos.

En otro recurso, 34 privados de libertad aseguraron que la cárcel y el Ministerio de Justicia impedían realizar llamadas internacionales desde La Reforma.

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Los reclamos se presentaron el 28 de enero y el 19 de febrero de este año, respectivamente.

En ambos fallos, los magistrados verificaron “una lesión al derecho a la comunicación, en razón de que la autoridad recurrida limita la posibilidad de contacto de los recurrentes con su familia en el extranjero, únicamente al uso de las tarjetas telefónicas”.

El Alto Tribunal definió que las tarjetas son de difícil acceso para una población que podría carecer de recursos económicos para pagar las costosas llamadas internacionales.

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La Sala también detalló que en votos anteriores “ha reconocido que los privados de libertad no pierden más que su libertad de tránsito y que deben respetársele sus demás derechos no relacionados directamente con la señalada restricción”.

Plan en camino
En el Ministerio de Justicia, por su parte, aseguran que desde hace tres años trabajan en un plan que corregirá las carencias señaladas en los fallos.

El proyecto consiste en instalar un sistema de videoconferencias en las cárceles con mayor población penal extranjera, para que los presos se puedan comunicar con familiares, así como con consulados y embajadas de sus respectivos países.

Las prisiones favorecidas serán La Reforma, Liberia, Vilma Curling (Desamparados), San Carlos, San Sebastián y la Gerardo Rodríguez Echeverría (San Rafael de Alajuela).

José Luis Bermúdez, director de Adaptación Social, indicó que la iniciativa está “en su primera fase, ya se adjudicó a una empresa que se está encargando de remodelar y adecuar los espacios”.

El plan costará ¢105 millones y está a cargo de la constructora Arco.

“Terminada la etapa de remodelación viene la instalación de los equipos, esas son contrataciones públicas, es un fideicomiso con el Banco de Costa Rica que tiene el Fondo Social Migratorio”, explicó Bermúdez.

El director añadió que en la cartera “le estamos preparando una respuesta a la Sala sobre este tema, de todo lo que hemos hecho”.

El Ministerio de Justicia espera ampliar el servicio a todas las cárceles donde hay población extranjera, sin embargo, debe recibir la aprobación del Fondo Social Migratorio.

Según datos de Justicia, al 4 de abril había 2.276 extranjeros presos en el país, de una población de cerca de 15.500 personas.

La cárcel con mayor cantidad de foráneos es La Reforma, con 463.