Corte rechaza proyecto contra corrupción en sociedades

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En una votación dividida (9 a favor, 7 en contra y 6 abstenciones) los magistrados de la Corte Plena acogieron un informe que elaboró Jesús Ramírez, presidente de la Sala III, donde se indica que el proyecto Ley 21.248 “Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos” “sí incide” en la organización y funcionamiento del Poder Judicial. 

La propuesta de ley que presentó el Poder Ejecutivo, la cual se analiza en el Congreso, es parte de los requisitos para que el país ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

La iniciativa regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y los otros delitos contemplados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, así como los demás ilícitos no contemplados en el proyecto. 

“En síntesis, se trata de que nuestro país ajuste su ordenamiento jurídico a los requerimientos internacionales de la lucha contra la corrupción”, resume el informe de Ramírez.

 

DEFENSA PÚBLICA 

El principal alegato del informe y que la mayoría de los magistrados avaló con su votación proviene de la Defensa Pública, que les recomienda asumir la defensa (es decir, nombrar un defensor público) procesal penal de la persona jurídica.

Esta decisión desviaría recursos públicos que están destinados a las poblaciones vulnerables para atender a personas económicas solventes. 

Además se expresa la imposibilidad de contar con el personal capacitado para hacer frente a las exigencias de la iniciativa de ley. 

“Considerando que el proyecto de ley aumenta la competencia de los órganos jurisdiccionales, los que conocerán de hechos vinculados con nuevas figuras delictivas y la modificación de otros ilícitos; asimismo, incluye un incremento de las labores que le corresponden al Ministerio Público y, en este caso también, a la Defensa Pública, a quien se le encarga ejercer la representación legal como curador procesal de la persona jurídica (art. 19), estimo que el contenido y propuesta de la presente iniciativa legal, conforme al artículo 167 de la Constitución Política, sí incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, con sustento en el análisis y observaciones del texto consultado”, se lee en el informe de Ramírez, del cual DIARIO EXTRA tiene una copia.

 

OPOSICIÓN

Algunos magistrados votaron en contra del informe. Por ejemplo Sandra Zúñiga, suplente de la Sala III, calificó como un extremo anteponer los argumentos antes señalados, que este momento son un aspecto impredecible.

Fernando Cruz, presidente de la Corte, se manifestó recordando que la propia Fiscalía dijo que estaba en capacidad de asimilar la propuesta y además no es un tema masivo sino excepcional.

“La representación que asumiría la Defensa Pública es en casos después de haber agotado tres instancias anteriores, desde el punto de vista de los recursos u organización yo no veo argumentos para verlo así”, expresó.

“Me parece que si le ponemos trabas a esto nos estaríamos contradiciendo de la lógica de luchar contra la corrupción”, agregó Julia Varela, magistrada de la Sala II.

El artículo 167 de la Constitución Política estipula que para aprobar un proyecto de ley que afecte al Poder Judicial se requiere una mayoría absoluta en el plenario, es decir 38 votos.