“El caso de Aldesa pudo evitarse”

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Abogado de inversionista de Monte del Barco denuncia a fiscales:

 

“Aquí nadie había tenido el valor de denunciar”. Esto es algo que tiene claro 

Ronny García, abogado y representante de una de las inversionistas del fondo Monte del Barco. 

Este fondo de desarrollo inmobiliario está en manos de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión de Aldesa (SAFI). 

Es un caso totalmente distinto al de Aldesa Corporación de Inversiones, que recientemente pidió una intervención judicial.

Sin embargo, guardan varias coincidencias y una es que sobre ambos pesan demandas penales por administración fraudulenta. 

Además forman parte del mismo grupo económico, están denunciados ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y tienen al empresario Javier Chaves entre los puestos directivos. 

A criterio de García, la angustia que viven los ahorrantes e inversionistas de Aldesa Corporación de Inversiones pudo haberse evitado si las denuncias sobre el fondo Monte del Barco se hubieran atendido con diligencia. 

Este abogado tiene más de ocho años intentando que la Fiscalía recabe la prueba de Aldesa sobre Monte del Barco y no ha tenido éxito, según contó. 

Es por eso que denunció a dos fiscales de apellidos Madrigal y Retana por presunta desobediencia a la autoridad e incumplimiento de deberes. Estos se desempeñan en la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros. 

A continuación, un extracto de la entrevista sobre la gestión del fondo Monte del Barco. Una promesa que nació hace una década y prometía desarrollar un megaproyecto hotelero en el Golfo de Papagayo. 

¿Cómo funciona un fondo de inversión? 

-Hay una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) que tiene que estar debidamente inscrita. Esta saca un producto e invita a la gente a meter plata acá para cumplir un objetivo específico y ella lo que se gana es una comisión. En el caso del fondo es un patrimonio jurídicamente separado al de Aldesa Corporación de Inversiones. 

¿Qué da pie a su demanda?

-En noviembre 2011 esta gente (Aldesa) nos llama a una asamblea y nos dice “vea, le debemos a Monte del Barco Real Estate” (presidida por Javier Chaves) y que hay un plan de salvamiento, pero tenemos que darles esto, los mejores terrenos. Los minoritarios no lo aprobaron, nos fuimos a otra asamblea el 19 de diciembre y se aprobó con mayoría. ¿Cómo lo hicieron? No tengo la menor idea. 

¿Cuándo empiezan las demandas?

-Los casos civiles empiezan en el año 2012 y el penal yo lo meto en setiembre del mismo año. 

¿Cuál es el delito a perseguir en su demanda penal?

-Administración fraudulenta. Es cuando se confía la administración de bienes ajenos a un tercero. Yo me estoy yendo por la parte que dice “empleándolos abusiva o indebidamente”. En el año 2013 viene un juzgado penal y ordena una prueba de Panamá, al principio el caso lo tuvo una fiscal muy diligente, ella pidió apertura del secreto bancario en Panamá y apertura en Costa Rica del secreto bursátil. 

¿Qué pasó entonces?

-La Fiscalía siempre se negó a allanar a Aldesa porque son instituciones que trabajan por confianza y eso podría generar un gran impacto. Por eso yo digo que esto (situación de Aldesa Corporación de Inversiones) se pudo haber evitado, si a esto (situación del fondo Monte del Barco) se le hubiera dado un trato diligente ante el Ministerio Público. 

¿Usted cree que ambos casos se parecen?

-Si a esto se le hubiera dado un trato diligente, eso hubiera salido a la prensa y la gente hubiera sabido qué estaba pasando con Aldesa, pero siempre se mantuvo oculto, igual que la Sugeval. 

¿Por qué la Sugeval?

-Porque en setiembre u octubre del año 2011 unos inversionistas presentaron una denuncia ante la Sugeval, que la Superintendencia terminó resolviendo a principios de este año, desde el 2011, o sea se llevó ocho años y lo primero que ordenó fue archivarlo en el 2017. Yo fui el único que presentó la revocatoria que vienen resolviendo hasta inicios de 2019.

¿Qué decía la denuncia?

-No es un solo tema, estaba denunciando todas las irregularidades del fondo, ahí venían varias cosas. 

¿O sea pasó por dos superintendentes de Valores? 

-Creo que por tres. Hasta que vino esta señora (Lucía Fernández) y ahora está en apelación en Conassif (Consejo Nacional de Supervisión Financiero). 

Volviendo al tema del Ministerio Público, ¿la prueba que pidió la fiscal llegó?

-Parte de la prueba llega entre el 2013 y 2014 y es cuando la fiscal Madrigal no nos permite acceso a prueba. Dice que es una información muy sensible porque tenía información de otros inversionistas, yo interpongo un recurso de amparo y lo pierdo, me parece increíble que un denunciante no tenga acceso a esa información. 

¿Cuándo viene el sobreseimiento?

-La fiscal Madrigal en setiembre de 2014 solicita un sobreseimiento y no nos deja ver la prueba. Nos dice “querellen”. Eso para mí es una barbaridad. Entonces yo meto una serie de actividades procesales defectuosas y ahí el juez les dice a ellos “esto está mal” y declara ineficaz el sobreseimiento, eso es algo que muy pocas veces se ve. 

¿Qué es una actividad procesal defectuosa?

-Hay un orden para hacer las cosas y no se ha cumplido ese orden, pude demostrar al juez penal que la prueba que Aldesa había dado y que no me dejaron revisar no era completa. Le dije señor juez “la fiscalía está pidiendo sobreseimiento y no ha terminado de recabar toda la prueba y no nos ha dado audiencia de un dictamen pericial”. Entonces el juez dice que efectivamente falta prueba y rechaza el sobreseimiento, eso fue en el año 2014. 

¿Llegó la prueba?

-Como tres veces le digo al Ministerio Público “mande a traer esa prueba” y la fiscal no contesta. Pasaron tres años y solo mandaron a traer la prueba de Panamá, no mandaron a traer la prueba de aquí de Aldesa. 

¿Qué problema tiene la prueba?

-Por ejemplo, le dijeron presente todos los estados financieros auditados de desarrolladora, que es la mayor acreedora, entonces aportan dos años auditados, dos años no auditados, y después otra vez auditados, y no explican por qué. 

Yo sé que el caso del fondo es distinto a Aldesa Corporación de Inversiones, pero ese desorden es lo que acaba de señalar la jueza del juzgado concursal. ¿Eso se refleja en este otro caso?

-Bueno, no sé si es desorden o es mucho orden porque ellos sabían qué aportar y la Fiscalía nunca ordenó un allanamiento. 

¿Qué pasa después?

-Llegamos a agosto de 2018 y la fiscala pide una audiencia para solicitar sobreseimiento en forma oral. Yo me opongo y digo que no se ha cumplido con la prueba que se ordenó desde 2014, vamos a un Tribunal, me dijo que yo tenía razón, aunque un juzgado me había dicho que no. El juez rechaza el segundo sobreseimiento definitivo y entiendo que a la fiscal la nombran coordinadora de una unidad y nombran a un nuevo fiscal para el caso. Yo voy en julio de 2018, es un fiscal de apellido Retana, y hablo con él porque es un caso complicado. Le digo que falta la prueba. 

¿Y ese fiscal pide la prueba?

-No, más bien me notifican la tercera solicitud de sobreseimiento sin haberme contestado un escrito y sin haberme dado audiencia. El Ministerio Público ha querido cerrar el caso tres veces y les han dicho no, les han dicho “ustedes están queriendo adelantar el cierre del caso”. A la tercera solicitud de sobreseimiento es cuando yo digo “no, no aguanto más y los voy a denunciar ante la Fiscalía de Probidad por desobediencia a la autoridad e incumplimiento de deberes”. 

¿Usted ha planteado esto a Emilia Navas (fiscala general)?

-No. Ella no puede intervenir por su relación con Francisco (Campos, defensor de Javier Chaves). 

¿Qué pasa con la fiscala que ha llevado el caso?

-Madrigal le dijo a la jueza, para mí falsamente, que la prueba que yo estaba solicitando era la misma que me habían rechazado. Una jueza me dijo que yo era un necio y me dijo que me abstuviera de presentar revocatoria o me iban a denunciar ante el Colegio de Abogados. A mí no me han comunicado nada al día de hoy desde eso. Sigo esperando porque lo que ellos dicen que es igual, no lo es. Una cosa es la prueba que me rechazaron y otra es la prueba de Aldesa. Que yo sepa la prueba pedida en el 2014 no ha llegado hasta hoy. 

¿En qué etapa está hoy el caso?

-Esperar a que llegue la prueba, que a mí me den audiencia y que el OIJ (Organismo de Investigación Judicial) me conteste la solicitud de ampliación del dictamen contable. 

¿Hay un riesgo de prescripción?

-Puede ser un riesgo continuado porque ellos continúan administrando el proyecto. Ellos (Aldesa) han venido cargando el proyecto de deudas a favor de ellos. Es un proyecto que solo ha alcanzado un 5% de avance de obras desde el año 2005. 

¿Aldesa agarró la plata de Aldesa Corporación de Inversiones para meterla al fondo Monte del Barco?

-No. Él (Javier Chaves) lo que dijo el día de la asamblea fue que la Corporación había estado financiando el fondo a lo largo de 10 años. ¿De dónde la Corporación cogió la plata? Es algo que no sabemos, pero son patrimonios separados. 

¿Hay responsabilidad del Estado?

-Sí porque no ha sido diligente, la misma Sugeval tardó ocho años en una investigación preliminar. Ni siquiera ha informado todo esto a hoy en un hecho relevante.