Proyecto sobre atención integral a mujer embarazada recibe criterio judicial

Las magistradas y magistrados que integran Corte Plena emitieron el criterio respecto al proyecto de “Ley de atención integral de la mujer embarazada en conflicto con su maternidad, adopción anticipada, alumbramiento anónimo, inscripción de nacimiento y emplazamiento de la filiación de persona concebida mediante técnicas de reproducción humana asistida”, expediente legislativo Nº 21.299.

 El informe judicial se brinda ante la consulta enviada por la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa.

 El estudio del texto legislativo estuvo a cargo del magistrado instructor, Orlando Aguirre Gómez.

 El criterio de Corte Plena concluyó “…que el proyecto de ley consultado sí afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, por lo que es necesario incluir

los recursos presupuestarios de manera permanente que se requieren para su funcionamiento y además de que sean contemplados aparte del Presupuesto del Poder Judicial para cubrir lo exigido por la ley”.

 De acuerdo con el análisis judicial, la iniciativa de ley establece la creación de figuras jurídicas que deberán atenderse en el ámbito legislativo. “…si bien en la mayoría de los casos a través de los procesos ya existentes, implicará necesariamente el empleo de recursos físicos, humanos y materiales. Inclusive en algunos casos se requiere del Poder Judicial asumir la elaboración de dictámenes y el pago de representantes”, detalla el informe de Corte Plena.

 Se clarifica la importancia de los objetivos del proyecto y que no se objeta su aprobación por ser una competencia única del Poder Legislativo, “…sin embargo, responsablemente se hace el señalamiento de que de acogerse, su aplicación implicará nuevos gastos que el Poder Judicial debe asumir, los cuales en este momento no es posible precisar”, puntualiza el criterio judicial.

 Se destaca que el proyecto procura dar respuesta a temas como el aborto clandestino, su control legal y sanitario y combatir la violencia contra las personas menores de edad, la adopción irregular, el tráfico de personas menores de edad, entre otros.