Informe de Justicia: Jueces autorizan tobilleras electrónicas con pocos datos de reos

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Consultor internacional recomienda a cartera hacer perles sociales de imputados, para que juzgadores puedan escoger mejor a candidatos. Asegura que medida podría evitar saturación del modelo y volverlo sostenible

Escucha este artículo 5:32 Katherine Chaves R.. Hace 10 horas

Cuando los jueces autorizan a los reos a descontar su pena con tobilleras electrónicas, ellos desconocen cuáles son las condiciones sociales y personales del beneciado. Así lo resalta un informe sobre monitoreo electrónico, realizado por el consultor portugués Nuno Caiado y a solicitud del Ministerio de Justicia y Paz. Este escrito, que fue entregado a la cartera en noviembre del 2018, detalla una serie de inconsistencias y fallas en la aplicación de este modelo en el país, que entró en vigencia en febrero del 2017.

El experto internacional apuntó en el documento, del cual La Nación tiene copia, que este desconocimiento por parte de los juzgadores hace que no exista discriminación a la hora de imponer esta medida y así se satura el modelo y lo convierte en insostenible.

En un momento en el que hay restricciones financieras y logísticas, Caiado consideró que la única estrategia para darle sostenibilidad al sistema es “empezar y mantener una relación de proximidad con el Poder Judicial”.

En ese sentido, recomendó que el Poder Judicial elabore informes sociales previos a la decisión del juez, “como medio práctico e inmediato de selección de los candidatos, en función de criterio de elegibilidad social”.

Es decir, saber si son personas de la calle, si tienen acceso a electricidad para cargar el aparato, si tienen algún tipo de dependencia al alcohol o drogas, entre otras condiciones. Entonces, según el experto, los juzgadores ya no tomarían en cuenta únicamente los parámetros legales (que el beneficiario no esté imputado por un delito violento o que la pena sea menor a seis años); sino que también decidirían basándose en si el reo tiene o no las capacidades de cumplir con las obligaciones judiciales.

Entre estas últimas, poder estar en confinamiento total o parcial en su casa y si podría frecuentar los programas de atención técnica social.

“En cada caso particular, los jueces pueden conocer mejor a los candidatos y, por lo tanto, emitir mejores decisiones; es decir, decisiones viables y evitar el exceso de actos procesales”, escribió Caiado en el informe.

El experto prevé que podrán existir casos de “imposibilidad” de presentación del informe social previo, por ausencia de oportunidad o de recursos. La sugerencia, para esos casos, es que la Dirección General de Adaptación Social, en conjunto con la Unidad de Monitoreo Electrónico, entregue un listado de criterios sociales mínimos a los jueces.

A agosto pasado, bajo este modelo de monitoreo electrónico, había 1.545 reos.

Trabajo en esa dirección

En una comparecencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la ministra de Justicia, Marcia González, aseguró que, desde hace tiempo trabajan para acatar todas las recomendaciones hechas por el consultor.

No obstante, en una entrevista dada al sitio web ameliarueda.com el viernes anterior, la versión de González era otra. En ese momento, dijo que desconocía el informe porque se había hecho en la administración anterior; sin embargo, cuando entregaron el documento (noviembre pasado), ella ya ocupaba el máximo puesto en esa entidad.

Con respecto a la sugerencia de levantar perles sociales, González indicó que, para poder cumplir con ello, debe hacerse una reforma a la ley.

“Los diputados están de acuerdo y, según tengo entendido, doña Floria Segreda, va a presentar un proyecto en esa línea”, apuntó la jerarca. Segreda, diputada de Restauración Nacional, confirmó que el proyecto de ley lo presentará este lunes y con este pretende que el Poder Judicial realice los informes psicosociales.

“A los jueces les hace falta hacer esas evaluaciones. Ahora se basan solo en requisitos legales y así no puede ser. (...) Lo que yo digo es que los jueces se apoyen en los psicólogos y demás funcionarios que hay en la Corte para que elaboren ese informe y así el juez pueda mejor resolver”, acotó la legisladora.

El juez William Serrano indicó, por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial, que les resultaría “de trascendental importancia contar con un estudio social de los imputados antes de ordenar como medida cautelar o como pena la aplicación de medios electrónicos".

Sin embargo, destacó que “la imposibilidad material del Instituto Nacional de Criminología (INC) de elaborar un informe en el plazo de ley que tienen los jueces para resolver la situación jurídica de los encartados, generan que en muchas oportunidades no se cuente con ellos”.

Asimismo, explicó que si bien un informe social daría mayores elementos para la ejecución de la medida o sanción, eso no cambiaría la forma en la que se toma la decisión actualmente, en donde se debe dar una amplia argumentación y fundamentación del porqué se ordena o deniega la imposición de una tobillera electrónica.

"Se considera que el proyecto que propone la diputada Floria Segreda donde sea imperativo contar con el perl social antes de dictar decisión judicial, sería de mucha utilidad, siempre y cuanto contemple fondos sucientes para el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial para ejecutarlo. “Una ley que nuevamente carezca de estudios técnicos sobre el presupuesto mínimo requerido para su implementación, a saber sin contenido presupuestario, no lograría los nobles y adecuados nes propuestos”, aseveró Serrano.

Colaboró la periodista Eillyn Jiménez B