ESPH anuente a demostrar monitoreo de reos

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Ministra los responsabiliza por problemas

Marcia González Aguiluz, ministra de Justicia y Paz, dijo ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que los problemas con el monitoreo electrónico provienen de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

La ministra señaló que de las poco más de 1.500 personas monitoreadas, ha habido un incremento del 5%, de las cuales entre 8 y 10 reciben brazaletes a diario.

La jerarca de Justicia acusa que la tecnología GSM no es de punta, la plataforma es lenta y que no hay un sistema inteligente que suministre los datos a la administración sino se hace manualmente. 

Agregó que si bien es cierto hay una pérdida de señal, esto no quiere decir que las personas no están siendo ubicadas, pues lo que se pierde es la comunicación, pero siguen ubicándose mediante el GPS.

González adujo que el protocolo exige un tiempo de espera de 5 minutos en caso de la pérdida de comunicación, se llama a la persona con brazalete por teléfono y si no contesta se manda a la policía a ubicarlo. 

Cabe señalar que un 50% de los monitoreados se encuentran en el Área Metropolitana y el otro 50% está repartido en el resto todo el país. 

Otros a quienes les señaló responsabilidades fue a los jueces de la República. Argumentó que aunque su cartera se encarga del monitoreo, muchas veces hacen los informes a los jueces sobre los privados de libertad con el beneficio del monitoreo que irrespetan el beneficio, pero en ocasiones la respuesta para determinar si se les levanta la medida de monitoreo tarda hasta 2 meses en llegar a Justicia. Por ello pretenden que mediante un proyecto de ley le quede a Justicia el poder de decisión sobre la persona cuando quebrante la medida.

La ministra habló también que la reincidencia en el tema del monitoreo es de apenas 2,1%, y que si bien hay falencias, es una de las incidencias más bajas. 

Después vinieron los cuestionamientos de los diputados; Roberto Thompson consultó ¿cuánto le cuesta este sistema al país? La ministra afirmó que el costo es de ¢8 mil millones. Ante esto el legislador reprochó que algo con tantos problemas no puede ocurrir en la administración pública, ya que hay mucho dinero de por medio.

Otro punto que aclaró la ministra es que no hay 596 personas sin monitoreo, adujo que hoy son 570 casos de los cuales hay 210 con problemas de descarga de Hardware, otros 110 con solicitudes de cambio que, según la jerarca, la ESPH no ha querido cambiar.

La ministra insistió en que son 21 casos los que están en fuga, pero todos ya fueron notificados a las autoridades judiciales. Añadió que incluso se les ha advertido que algunos de los perfiles no son para este tipo de monitoreos, ya que en determinados casos se trata de enfermos mentales o personas en situación de calle que se pueden movilizar por todo el país, situación imposible de sobrellevar.

 

LICITACION INTERNACIONAL

 

La jerarca de Justicia anunció que hoy sale a concurso la licitación pública internacional para quienes deseen hacerse del sistema, incluida la ESPH, si desea participar.

Igualmente hizo hincapié a los legisladores sobre que, si bien no cuenta con un amplio personal, ha pasado de tener 10 personas a 50 en monitoreo. Además, cuenta con la ayuda de la Fuerza Pública y el OIJ quienes refuerzan la ubicación de los monitoreados cuando una alerta es emitida.

Para cerrar se refirió al informe del especialista Nuno Caiado, del cual menciona que han podido corregir en 90% las deficiencias que se han presentado en monitoreo.

“Quiero hacer énfasis en que ese informe del experto internacional se ha cumplido en más de un 90% todas las recomendaciones. El sistema hoy por hoy, aunque se tengan espacios de mejora, está funcionando bien”, concluyó la ministra.

 

ESPH PIDE DEMOSTRACIÓN

 

Mientras González, tuvo la oportunidad de expresarse durante la mañana del jueves, por la tarde Allan Benavides, gerente general de ESPH, hizo su descargo ante la Comisión de diputados. En este foro leyó la carta que le envió a la ministra el 10 de setiembre advirtiendo sobre las 596 personas que no estaban siendo monitoreadas y sobre la cual manifestó, que la ministra nunca dio respuesta.

Benavides negó tener responsabilidad sobre el monitoreo que le compete en su totalidad a Justicia y Paz.

Por su parte William Villalobos, abogado de la ESPH, sostuvo que al miércoles 25 de setiembre hay 570 personas sin monitorear, siendo que 136 tienen un 1% de carga en su dispositivo y 434 personas tienen su dispositivo en 0.

Villalobos explicó que además de no tener respuestas a los oficios enviados a Justicia, también le mandaron uno al entonces viceministro Fabián Solano, proponiéndole una mejora sustancial en los precios diarios de monitoreo, pero no fue contestada tampoco.

 

NO SE PUEDE UBICAR

 

El especialista Daniel Vargas, encargado financiero de la ESPH, explicó a los diputados que un dispositivo una vez descargado si no se pone a cargar el contenido del mismo sobre ubicación del portador no es desplegado, desmintiendo así lo dicho por González en la audiencia.

“Usted puede hacer una llamada y preguntarle a la persona donde está, pero cuántas llamadas se necesitan hacer para saber donde está esa persona a cada momento. Cuánto tiempo necesita una persona para salir a la calle y dispararle a alguien, se necesitan segundos y ese es el problema, si estas personas tienen batería en 0 y no hay un protocolo efectivo que de verdad pueda hacer que lo carguen y de inmediato estar en comunicación, esa persona puede quedar por la libre y cometer un crimen o un delito”, acotó Vargas.

Otro hecho que desmintió Vargas es que no sea una tecnología de punta, menos viniendo de alguien que no es tecnólogo, refiriéndose a González. Vargas adujo que la tecnología GSM es la que más alcance tiene en muchos países, incluido el nuestro, no así los LTE donde muchas veces la señal se pierde.

Por último, el gerente general de ESPH, pidió a los diputados que para acabar con todos estos dimes y diretes, que los legisladores le pidan a Justicia y Paz el permiso para que ESPH demuestre que el monitoreo y la ubicación se interrumpen con la descarga del dispositivo, ellos estarían anuentes a hacerlo, pero para ello solo Justicia y Paz puede dar el permiso.

“La tecnología que dirigimos en este proyecto reporta información totalmente real, es gestión de una empresa especializada en tecnología. Por eso pedimos que se convoque a una prueba técnica de campo, la cual permita demostrar que decimos es la verdad”, concluyó.

 

DIPUTADOS SE SIENTEN INSEGUROS

 

Gustavo Viales, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, expresó sentirse inseguro con este sistema, pues la ESPH señaló que al estar descargado el dispositivo no se monitorea a las personas hasta que se vuelve a cargar, pese a que la ministra dijo lo contrario. “Esto es algo que el presidente Alvarado debe valorar, me parece que es un tema bastante grave. Están las disposiciones de un juez, el uso de recursos públicos, la seguridad de la ciudadanía y el cumplimiento de un contrato que para la ciudadanía significaba seguridad y no se está cumpliendo”, insistió Viales.

La legisladora Floria Segreda, dijo que ella se siente como un conejillo de indias, pero aún más ahora que los reos saben que no son monitoreados y con esto ya podrían estar en la frontera.

“Antes de gastar ocho mil millones anuales en brazaletes que no sirven, mejor sería modificar las cárceles y reincorporar a los presos. La verdad, me siento como un conejillo de indias en un sistema a prueba que no sirve. Como el sistema no monitorea ya los reos deben estar en la frontera”, sostuvo la legisladora.