6 Acusados de la trocha piden arreglo a fiscalía

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Este lunes 30 de setiembre en el II Circuito Judicial de San José dieron inicio las audiencias preliminares por el caso de la Ruta Nacional 1856, conocido como Trocha Fronteriza, sin embargo, apenas arrancando se suspendió por diez días.

Esto se debe a una serie de acuerdos a los que pretenden llegar seis de los 26 imputados en la causa 12-00053-621-PE.

Incluso, uno de los empresarios involucrados, de apellido Muñoz, se convirtió en el “testigo de la corona” del Ministerio Público al acogerse a un criterio de oportunidad.

Así lo reveló uno de los abogados defensores, quien únicamente dijo que el Ministerio Público no quiso exponer cuál fue el criterio de oportunidad brindado, pese a que así se le solicitó.

Debido al análisis de estos acuerdos y del criterio de oportunidad, el juez suspendió la audiencia.

“Hay varias propuestas de solución alternativa que fueron presentadas el día de hoy (ayer para el lector) y como consecuencia de esto se suspendió el inicio de la audiencia para que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía conozcan esas propuestas, se tome una decisión y así poder dar inicio a la audiencia preliminar”, comentó el abogado Rafael Gairaud, defensor de dos empresas y un imputado.

El licenciado explicó que las soluciones alternativas son procedimientos con los que el imputado busca darle resolución al proceso en su contra de una forma distinta al debate, es decir, sin llegar a un juicio.

Justamente, uno de los representados por Gairaud solicitó una solución alternativa.

 

TESTIGO DE LA CORONA

 

Otro de los abogados defensores que se refirió a lo ocurrido este lunes fue José Miguel Villalobos, quien representa al empresario Giovanni Baralis, los funcionarios Manuel Serrano, Miguel Ramírez, Alexander Mesén y la esposa de Mesén, quien no era funcionaria, pero la acusan de haber ocultado bienes que le pagaron a Alexander.

Villalobos destacó que la semana anterior tuvo una reunión con el Ministerio Público donde le informaron que para sus representados se buscan penas de prisión relativamente altas, por esta razón prefirieron no aceptar ninguna negociación.

El licenciado contó que durante la audiencia se suscitó una discusión interesante dentro de la sala.

“Uno de los representados, quizá el empresario que recibió más contratos y más dinero, Johnny Muñoz, firmó un criterio de oportunidad, es decir, es el José Antonio Lobo de esta causa y dice que va a declarar en contra de todos.

Pareciera que los lobos resucitan, no aprenden que el criterio de oportunidad tiene que reunir un requisito fundamental, que es que la persona que se beneficie del criterio de oportunidad tiene que haber realizado una conducta menos reprochable que los imputados contra quienes va a declarar.

Es un empresario que alega haber pagado millones, lo cual no es cierto, pero él considera que para quitarse de encima la causa puede decir cuanta falsedad quiera y el Ministerio Público se presta para eso, entonces ese tema surgió”, mencionó Villalobos.

Sobre qué dice el criterio de oportunidad que el Ministerio Público le dio a Muñoz, indicó que se desconoce, pues pese a que lo solicitaron, la Fiscalía se negó a entregar el legajo señalando que bastaba con informar a las partes involucradas sobre la existencia del criterio de oportunidad.

Sobre los acuerdos de los seis imputados, Villalobos añadió que todos son empresarios y que el juez lo analizará.

“Nosotros estamos conscientes de que no va a haber ninguna condenatoria contra mis representados, estamos convencidos de que la acusación está absolutamente equivocada”, acotó.

 

PROCURADURÍA MANTIENE MONTOS

 

Paola Madriz, procuradora de la Ética Pública, señaló que el ordenamiento costarricense permite aplicar una medida alterna al proceso penal, por lo que valorarán las propuestas de seis de los imputados para verificar si satisfacen sus pretensiones.

Según indicó, en el proceso se han realizado embargos sobre los bienes de los imputados y de los demandados civiles.

“Se le puede cobrar únicamente el monto que sustrajo cada persona o distrajo, son grupos de solidaridad, viene a ser afectado en el tanto de que si llegamos a una medida alterna y uno de ellos resarce nuestras pretensiones ya el monto total no van a ser ¢600 millones, sino que se le resta el monto que ya se pagó”, detalló.

Por su parte, la Procuradora sostiene que lo que hacen con una medida alterna es acabar con un proceso en una etapa intermedia.

En la Procuraduría informaron que, según la pieza acusatoria, las facturas con irregularidades que fueron presentadas a cobro ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) suman en total ¢1.234.435.437,11 (mil doscientos treinta cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y site con once céntimos).

Sin embargo, las facturas con las que cuentan indican que el Conavi solo canceló la suma de ¢639.378.285,50 (seiscientos treinta y nueve millones trescientos setenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco con cincuenta céntimos), monto que pretenden sea resarcido por concepto de daño material.

Además, la Procuraduría reclama una indemnización por el daño que sufrió la sociedad costarricense con actos de corrupción y que, según el peritaje de actuario matemático, se estimó en poco más de ¢965 millones